Desde este blog respetamos absolutametne la libertad de
culto, así como las creencias personales de cada uno. No sometemos a
cuestionamiento alguno la fe individual, los valores que las personas adopten
y las prácticas que crean se adaptan a
dichas creencias, siempre y cuando no traiga perjuicios contra terceros.
¿Por qué nos
oponemos? Muy sencillo: porque amamos la libertad de culto, pero también la
equidad social. No podemos derrochar recursos en financiar una institución
destinada a un porcentaje pequeño de personas (católicos activos, “practicantes”),
y al sostenerla pueden ellos disponer de otros fondos que consiguen por otras
vías para su proselitismo institucional. Esto último no sería grave si no fuera
que los gastos básicos de la Iglesia la cubrimos todos los argentinos con
nuestro esfuerzo diario. Por un lado sostenemos el carácter absolutamente laico del estado, así como por otro lado, el carácter privado de cualquier opción religiosa personal. No se puede confundir nunca la religión privada con razones atendibles a nivel social. En suma no se deben aceptar las posturas inspiradas por instituciones particulares como criterio social o fundamento de ley alguna.
Me encantaría que
aquellos que se quejan de los subsidios para “vagos”, reflexionaran acerca de
esta situación: le pagamos el sueldo a personas que no aportan nada a la
sociedad, que no trabajan, que infunden el miedo a la sexualidad y a la libertad, que traban
toda legislación progresista que intenta transformar la vida de muchos
argentinos y que legitimaron
históricamente la dominación de los poderosos. Y esto no es una exageración de
este modesto redactor de blog, sino qué es la constatación histórica de una
serie reiterada de injerencias de esta institución en la vida civil de la
Nación. Baste enumerar esta triste lista: véase la postura de la Iglesia frente
al divorcio, frente al aborto, frente a la eutanasia, frente a la
homosexualidad, o mejor aún estúdiese la actuación del Clero en los Golpes de
Estado (1930, 1955, 1966 o 1976) o la ligazón con el neoliberalismo del Dr.
Menem.
La iglesia de Cristo es la de los pobres, la que fiel al
Evangelio predica y actúa como tal, no imponiendo sino proponiendo, no tratando
de mantener privilegios o granjerías, sino avanzando hacia una Sociedad más
justa, respetando siempre el carácter laico del Estado que gobierna para todos
y todas.
A continuación ofrecemos algunas cifras que ratifican
nuestro juicio y que impulsan nuestra denuncia sobre esta situación.
POLIKARPO.
¿Cuánto dinero destina el Estado argentino a la Iglesia
católica?
Las respuestas a estas preguntas fueron reveladas en una
nota de investigación que se publicó en el semanario porteño Miradas al Sur,
que da cuenta de un monto estimable de más de 2.500 millones de pesos anuales
para dicha institución.
En la República Argentina ninguna religión es oficial y se
garantiza la libertad de culto. Sin embargo, la Iglesia Católica Apostólica
Romana tiene un status jurídico diferenciado del resto de los credos y el
Estado la sostiene económicamente, tal como figura en el Artículo 2º de la
Constitución Nacional.
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| La cúpula eclesial con Videla. |
Según el informe periodístico, "todavía hoy pueden leerse
en la web del Plan Compartir de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que
se asegura que en 2007 el Estado dedicaba 'una partida de sólo 17.323.913
pesos' para el sostenimiento de la Iglesia, lo cual apenas 'representa el
0,014% del total del Presupuesto Nacional'. Así como los documentos de trabajo
eclesiales llegaron a sostener más o menos que los homosexuales son proclives a
convertirse en hombres lobo, el número es un recorte falaz. En 2010, el dinero
derivado al sostenimiento de la Iglesia se incrementó a 35.868.353 pesos. Pero
esa cifra es ínfima si se toman en cuenta el dinero estatal que van a las
escuelas confesionales, hasta redondear un monto estimable en bastante más de
2.500 millones de pesos anuales".
Guillermo Olivieri, titular de la Secretaría de Culto de la
Nación -organismo responsable de pagar el sueldo de los religiosos- informó a
Miradas al Sur que la partida que recibe esa cartera del Presupuesto nacional
asciende a 32 millones de pesos anuales. Desde el sitio oficial de esta Secretaría,
se informa que se asignan "por medio de sus diócesis y otros organismos,
en concepto de sostenimiento del culto que incluye la colaboración económica
para visitas ad limina, sínodos, conferencias regionales y viajes en
cumplimiento de acciones pastorales". También se destinan a una red de
"437 institutos de vida consagrada inscriptos, que actúan a través de
4.500 casas y obras apostólicas existentes en todo el país".
LOS NUMEROS  |
| Cruzada con contra la "Subversión". La Iglesía cómplice de la dictadura |
Parte del dinero va a 122 arzobispos y obispos, 1.600
seminaristas y 640 sacerdotes. El sueldo de un arzobispo, actualmente es de
8.200 pesos. Sin embargo, Olivieri precisó que "debería ascender a 13.000
pesos", por ser el equivalente al 70 por ciento de un juez nacional de
primera instancia. "Sin embargo, los purpurados, amén de sus discursos en
torno de la equidad y los pobres, no pagan impuestos, no tienen cargas
sociales, no aportan a Ganancias ni a la jubilación", dice el informe.
"Los dineros del Estado van también a parroquias de
frontera o zonas desfavorables, a jubilaciones graciables para sacerdotes (las
pueden cobrar Antonio Basseotto, Christian Von Vernich o Juan Carlos Maccarone,
el obispo echado de Santiago del Estero presuntamente por sostener relaciones
non sanctas para la Iglesia), o a pasajes para obispos, sacerdotes y agentes
pastorales. En cuanto a los curas de parroquias, el secretario de Culto de la
Nación aclara que no cobran, excepto los de frontera".
"Lo poderosamente llamativo es que la asignación de
estas partidas deviene de tiempos en los que reinaba la paz social, primaban el
diálogo y el consenso. Todas y cada una de las normas relacionadas con los
sueldos clericales nacieron de "acuerdos con la Santa Sede" y de
leyes surgidas en tiempos dictatoriales: de la Revolución Libertadora al Onganiato
y, de allí, al Proceso. Sólo durante la última dictadura fue que se sancionó la
Ley 21.540 en 1977 -que fija las asignaciones mensuales vitalicias a
arzobispos, obispos y auxiliares eméritos-, además de otras... ¡Siete! leyes
que ampliaron el número de curas e instituciones confesionales
beneficiadas", añadió el texto.
LAS ESCUELAS:
Algunos de los párrafos más interesantes se refieren "a
los miles de millones que se destinan a colegios confesionales".
"Desde que en los '90 se descentralizaron (mal) los recursos, el
Ministerio de Educación de la Nación no destina recursos con eventuales
destinos a 'privada o pública'. Los fondos van a las provincias y éstas deciden
su distribución. Hoy, el presupuesto total del Ministerio de Educación es de
$17.514 millones. A esto se suma la cifra que este año invertirán las
provincias: 64 mil millones, de los cuales cerca del 10 por ciento son
transferencias a la educación privada".
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| Monseñor Aramburu, con el General Onganía. Este militar fue encabezó el golpe en 1966. Durante su gobierno consagró el país a la Virgen. |
"Como en tantas áreas, ni desde el Estado ni desde la investigación académica abundan cifras definitivas, ciertas y precisas sobre este tema que tradicionalmente incomoda a los funcionarios, incluso a los más progresistas", aclara la investigación.
Y agrega: "Hasta aquí no entran a tallar los inmensos
dineros privados asociados a la Iglesia ya sea por colectas, en depósitos
bancarios, asociaciones de empresarios cristianos o complejos sojeros".
¿De qué vive la Iglesia Católica en Argentina?
Si los bienes de la Iglesia Católica argentina figuraran
centralizados, representarían el mayor patrimonio privado del país. Y si los
ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la Conferencia Episcopal
encabezaría la lista de contribuyentes. La estimación es válida, a pesar de que
los numerosos organismos y entidades católicos conforman una intrincada red de
propietarios que dificulta una valuación precisa. En Argentina actúan 5.307
sacerdotes y 10.964 religiosas distribuidos en 5.493 parroquias, iglesias,
capillas y santuarios, según informa la Guía Eclesiástica de AICA, edición
vigente en marzo de 1990. Esos hombres y mujeres son los que se encargan de
administrar los recursos de la Iglesia, de cuidar sus obras de arte y de
mantener miles de inmuebles diseminados por todo el país.
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| Cardenal Primatesta y Gral Videla. |
Dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica
cada obispado constituye una unidad autónoma y autárquica. Como verdaderos
señores del medioevo, los obispos titulares de las 44 diócesis argentinas gozan
de una amplia independencia, incluso respecto a la Santa Sede. También el Papa
es uno de ellos, obispo de Roma, aunque "primus ínter pares" en
cuestiones de doctrina. Los 44 obispos son los administradores de los bienes
eclesiásticos de sus respectivas diócesis. Algunas muy ricas, como las de
Buenos Aires y Córdoba.
El capital de las órdenes religiosas, que se ha multiplicado
desde la época de la colonia, está excluido de esa autoridad episcopal.
Actualmente, cu Argentina desarrollan actividades 187 congregaciones religiosas,
59 de varones y I2X de mujeres. El poderío económico de algunas de ellas, como
la salesiana, supera al de muchas diócesis. En todos los casos, el mayor
ingreso deriva de la enseñanza.
Aunque no aparece formalmente como congregación religiosa,
sino como Prelatura, el Opus Dei es la organización católica que más ha crecido
en el país en los últimos veinte años. Dirigido al sector socioeconómico más
elevado, el discurso de "la obra" conquistó simultáneamente
adhesiones y donaciones. Más de cincuenta propiedades, muchas de ellas
suntuosas, reflejan el éxito, no exclusivamente religioso, de la propuesta.
Desde la promulgación de la ley Domingorena, en 1958, la
Iglesia Católica ha establecido nueve universidades. Dos en la Capital
(Universidad Católica Argentina y Universidad del Salvador), y en Córdoba, San
Juan, La Plata, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La paulatina
apertura de nuevas facultades significó un correlativo crecimiento de edificios
propios.
Pero si los inmuebles universitarios fueron adquiridos con
el producto de la actividad educativa, otras propiedades eclesiásticas tienen
origen en donaciones efectuadas por los gobiernos de las últimas décadas. La
actual sede de la Conferencia Episcopal, en Suipacha 1032, fue cedida por la
llamada Revolución Libertadora al Arzobispado de Buenos Aires para que
estableciera la administración de la curia metropolitana. El edificio de la
calle Rivadavia había sido incendiado durante el conflicto entre Perón y la
Iglesia. Cuando hace algunos años la curia se reinstaló en el antiguo predio,
convertido en moderno complejo de oficinas, la mansión de Suipacha 1032 no fue
devuelta al Estado.
Riqueza y expropiación
La mayor parte de los bienes de la Iglesia argentina tienen
su génesis en la época colonial. En los siglos XVI y XVII la corona española
cedió cientos de miles de hectáreas a los obispados y a los conventos que se
establecieron en el nuevo mundo. En el siglo XVIII, en cambio, el crecimiento
de la fortuna eclesiástica derivó de donaciones y herencias. Hacia 1780, la
Iglesia Católica era propietaria del 65% de las tierras de los virreinatos del
Perú y Río de la Plata.
Esos bienes provocaron pocas objeciones en una sociedad de
sólidas costumbres religiosas. "Para Dios todo es poco", se consolidó
como un argumento inapelable. Esta concepción perduró en el tiempo,
especialmente dentro del propio clero. En la Pastoral Colectiva del Episcopado,
de 1902, el arzobispo de Buenos Aires afirmaba: "En las sociedades bien
ordenadas, el lujo es un signo natural de jerarquía social. Contenido en sus
razonables límites completa el orden en vez destruirlo. La Iglesia le da una
consagración religiosa, haciendo de sus templos espléndidos y de sus radiantes
santuarios un reflejo de la belleza de los cielos".
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| Inscripción "Cristo Vence" en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955. Cientos de civiles muertos en aquella jornada. |
Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Gobierno de Martín
Rodríguez, produjo un hecho que durante 150 años fue motivo de debates y
reclamaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno: expropió numerosos
inmuebles de la Iglesia "no necesarios para el culto”. Los sucesivos
decretos no se limitaron sólo a los bienes, también reglamentaron distintos
aspectos de la actividad religiosa, dentro de un proyecto conocido como Reforma
Eclesiástica. La iniciativa de Rivadavia conquistó partidarios dentro del
propio clero, pero también una airada reacción de los obispos que derivó en la
ruptura de relaciones con la Santa Sede.
La actitud del episcopado de la época no debe sorprender, si
se tiene en cuenta la magnitud de los bienes que habían sido confiscados. En el
perímetro de la ciudad de Buenos Aires, la decisión de Rivadavia alcanzó, entre
otros, a los terrenos circundantes de las actuales Carlos Pellegrini y Corrientes,
incluyendo el sitio en donde está emplazado el obelisco; a la manzana de la
plaza Roberto Arlt, Esmeralda entre Rivadavia y. Mitre; a la manzana de la
basílica de San Francisco, Alsina y Balcarce; a la manzana de la basílica de
Santo Domingo, Belgrano y Defensa; a la manzana del Colegio Nacional Buenos
Aires, Bolívar y Moreno. En la provincia de Buenos Aires fueron expropiadas las
tierras que hoy conforman los partidos de Lujan, Merlo, Avellaneda, San Pedro,
Arrecifes, Moreno, Quilmes, Magdalena y Tres de Febrero. El constitucionalista
Pedro Frías sostenía, todavía en 1986, que el financiamiento del culto
constituía "una compensación por el patrimonio inmobiliario confiscado a
la Iglesia por Rivadavia en 1822" (La Nación, 8 de octubre).
El otro gran argumento histórico que se esgrime para
defender la contribución estatal a la religión católica está próximo a cumplir
cinco siglos. El Patronato fue una institución jurídico-eclesiástica, otorgada
por los papas a los Reyes Católicos de España y heredada por sus sucesores. El
pontífice confió a los monarcas españoles la fundación de diócesis, el
nombramiento de obispos y el cobro de diezmos en el territorio de las Indias, a
cambio de cristianizar y civilizar a los indígenas. El privilegio fue
formalizado a través de distintas bulas: ínter Caetera, de 1493, y Eximia
Devotionis, de 1501, de Alejandro VI, y Universalis Eclesiae, de 1508, de Julio
II. Como contrapartida, el rey debía sustentar al clero y facilitar los viajes
de los misioneros. Los privilegios del Patrono fueron transferidos a los
gobiernos argentinos y también la obligación de sostener a los miembros de la
Iglesia. La institución fue decayendo, hasta que Arturo Frondizi, en 1961,
firmó un tratado con la Santa Sede renunciando a la atribución del gobierno
argentino de proponer los candidatos a ocupar las vacantes episcopales.
Los aportes del Estado
Para los constituyentes de 1853 la cuestión económica
religiosa fue un tema trascendente: en el articuló 2do. de la Constitución
Nacional dejaron establecido que "El gobierno federal sostiene el culto
católico apostólico romano”. Algunas cartas provinciales reprodujeron esa
decisión, incluso en años recientes. En San Luis, el 8 de marzo de 1987, la
convención constituyente incorporó el sostenimiento del culto, con los 32 votos
del peronismo y la oposición de los 21 representantes de la UCR. Un año más
tarde, Catamarca imitó esa actitud. Distinto criterio primó en la asamblea
constituyente de Jujuy: por el voto de los convencionales radicales y de tres
justicialistas, que votaron en disidencia con su propio bloque, el culto fue
excluido del sostenimiento estatal.
En la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal,
realizada en noviembre de 1986, se lanzó la sugerencia de renunciar a los
montos que el Estado entrega a los obispos, pero no hubo consenso para su
consideración. La propuesta fue presentada por el obispo de Posadas, Carmelo
Giaquinta, y apoyada por otros purpurados, que la consideraron "un
testimonio de humildad y pobreza". La contribución oficial al
sostenimiento de la Iglesia Católica se ha mantenido, en los últimos años,
entre el 0,04% y el 0,09% del presupuesto nacional; en 1988 representaba
aproximadamente 4,2 millones de dólares.
Pero son los fondos que reciben del Estado en concepto de
subsidio para sus establecimientos educativos, los que concentran el interés de
los obispos. La participación de la Iglesia Católica en la enseñanza surgió
como una decisión política elaborada a partir de un análisis de la situación
del país a fines del siglo XIX. Desde Roma se incentivó el establecimiento en
Argentina de congregaciones religiosas dedicadas a la educación. El propósito
era formar una élite católica capacitada para enfrentar a la élite liberal.
En la actualidad, la contribución del Estado a los colegios
y universidades católicos representa el mayor ingreso que recibe la Iglesia
argentina de fuente oficial. Si bien las partidas no están centralizadas y no
puede establecerse el monto preciso, un cómputo de diversas fuentes proporciona
estas cifras: para establecimientos primarios y preprimarios, 19,9 millones de
dólares; para secundarios y terciarios, 82,3 millones y para las universidades,
11,4 millones. Esto significa un total superior a los 113 millones de dólares,
que procede exclusivamente del presupuesto nacional; o sea, sin considerar las
asignaciones provinciales y municipales.
Recursos locales e internacionales
Las colectas en los templos constituyen uno de los ingresos
tradicionales de la Iglesia Católica, aunque su monto no es significativo. El
"diezmo bíblico" no se exige a los fieles, como sucede en algunas
iglesias protestantes y sectas electrónicas. Cada obispo confecciona un
calendario de colectas, con el fin de determinar qué destino tendrán las
recaudaciones que se obtengan en las iglesias de su diócesis los 52 domingos
del año. Las ofrendas de un domingo de cada mes, son dedicadas al sostenimiento
del Obispado. Las de uno de los domingos de octubre, al mantenimiento de los
seminarios diocesanos. Otro domingo del año, simultáneamente con diferentes
países, se realiza la colecta para las misiones. En 1987, en Argentina se
recaudaron 75.000 dólares para las obras misioneras'; al país le
correspondieron 100.000 dólares cuando se operó la redistribución mundial de
las contribuciones. La colecta "Más por Menos", destinada a las
diócesis más necesitadas, recaudó 370.000 dólares, en 1989. El domingo más
cercano al 29 de junio, día de San Pedro, la recaudación de todas las iglesias
del mundo es destinada al Vaticano. Un aporte internacional para la Santa Sede,
que varía entre 23 y 30 millones de dólares.
Otro recurso de las parroquias es el cobro de los servicios
religiosos, una costumbre que ha motivado permanentes debates y críticas. Las
misas, bautismos y casamientos aparecen tarifados con precios más que dispares,
relacionados generalmente con el supuesto status de cada iglesia. Casarse en un
templo de barrio puede significar una modesta o nula erogación; en cambio, en
San Nicolás de Barí o en la aristocrática Parroquia del Socorro (Juncal y
Suipacha), implica unos 100 dólares, más las flores. En la intimidad, algunos
sacerdotes reconocen que el ser designado párroco de una i-glesia con prestigio
social e importantes recaudaciones se considera un ascenso en la carrera
eclesiástica y un escalón hacia el obispado.
Los aportes de la clase adinerada han sido fundamentales
para el funcionamiento y desarrollo del culto católico. Desde hace algunas
décadas, los grandes empresarios de la industria, de ascendencia
mayoritariamente italiana, han superado por la magnitud de las donaciones, a la
aristocracia vernácula, terrateniente e hispánica. La Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa funciona como un eficaz organismo de recaudación.
En los últimos años, distintas fundaciones católicas
extranjeras se han constituido en sostén de múltiples programas de
instituciones integrantes o vinculadas a la Iglesia argentina. La mayor ayuda
proviene de Alemania, a través de Adveniat (con sede central en Essen), Kirche
in Not (Koningstein), Misereor (Aachen) y Missio (Munich). También llegan
fondos de Italia: Caritas Internacionalis; de Suiza: Fastenopper Der Schweizer
Katholiken, y de Estados Unidos: Secretariat for Latín America.
Impuesto para el culto
En setiembre de 1986 los integrantes de la Comisión Justicia
y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, se reunieron con
algunos miembros del Consejo para la Consolidación de la Democracia y les
transmitieron la iniciativa de establecer un "impuesto para el culto"
y suprimir el actual aporte estatal a la Iglesia.
La propuesta de un gravamen destinado a sostener la religión
reconoce antecedentes internacionales. La Iglesia Católica alemana, en cuanto a
recursos financieros probablemente la más rica del mundo, recibe por año
aproximadamente 5.900 millones de marcos (unos 3.300 millones de dólares) por
las contribuciones de 27,5 millones de católicos que pagan el impuesto para el
culto, legislado en Alemania. El aporte destinado a las religiones consiste en
el 10% de las declaraciones impositivas de particulares y empresas. Por el
servicio de recaudación, la Iglesia Católica reconoce al Ministerio de Hacienda
alemán alrededor de 100 millones de dólares.
Como consecuencia de los acuerdos firmados en 1979 entre el
Vaticano y España, en setiembre de 1987 el gobierno socialista español dispuso
un "impuesto religioso facultativo" mediante el cual los
contribuyentes pueden destinar el 0,5% del importe de su impuesto sobre la renta
al mantenimiento de la Iglesia. Se estima que los ingresos eclesiásticos
aumentaron mediante este sistema en casi 100 millones de dólares.
Cuando cabía esperar alguna diferencia por motivos
económicos entre la Iglesia y los funcionarios de la pasada administración
radica}, el conflicto se produjo con el gobernador justicialista Antonio
Cafiero. El 9 de abril de 1988, 300 familias provenientes de zonas inundadas
por el río Reconquista ocuparon 40 hectáreas pertenecientes al Arzobispado de
Buenos Aires, en los partidos de General Sarmiento y Moreno. La intrusión
provocó un notorio malestar en la curia metropolitana, que se tradujo en una
inmediata denuncia penal por usurpación ante un juzgado de San Martín. En
círculos eclesiásticos se masculló que el gobierno peronista bonaerense
favorecía los asentamientos ilegales. El episodio se cerró con la compra de las
tierras por la provincia, después de agotadoras negociaciones con el vicario
general de la diócesis, obispo Arnaldo Gánale, y sus asesores laicos, que sólo
hablaban "en dólares y calculadora en mano".
En lo que se interpretó como una respuesta a esa actitud
poco cristiana de la jerarquía, aproximadamente treinta sacerdotes de la
arquidiócesis decidieron vender objetos y bienes personales, incluso vasos
sagrados recibidos en ocasión de su ordenación sacerdotal. La finalidad fue
entregar el 1 de Mayo, día de San José Obrero, el monto de esas ventas al
movimiento villero. Los curas hicieron propia una revolucionaria sugerencia que
Juan Pablo II había incluido en su encíclica Solicitudo Reí Socialis de febrero
de 1988: "Ante casos de necesidad no se puede dar preferencia a superfluos
ornamentos eclesiásticos y costosos muebles para la adoración divina. Por el
contrario, podría ser obligatorio vender esos elementos para proveer alimento,
bebida, ropa y vivienda a quienes carecen de ellos".
Contrastando con la postura del Arzobispado de Buenos Aires,
la Iglesia Católica brasileña colocó sus tierras a disposición de la comisión
gubernamental para la reforma agraria. Según datos de 1988, las diócesis y
órdenes religiosas eran propietarias de 179.299 hectáreas, un 0,38% del área
total de los latifundios existentes en el Brasil.
Las picardías de Picchi
Los escándalos públicos provocan espanto a las autoridades
eclesiásticas. Especialmente los que involucran al sexo y los económicos.
Pueden presumirse los debates internos que habrán precedido a la destitución
del obispo de Venado Tuerto, Mario Picchi. El hecho se conoció públicamente el
3 de noviembre de 1988, cuando los entuertos del purpurado habían alcanzado una
magnitud inocultable. Picchi estaba involucrado en el caso Manubens Calvet, en
defraudaciones con una mesa de dinero y en las liquidaciones del Banco Sidesa y
la financiera Garfiña.
Junto con José Luis Cora, hombre de frondoso prontuario y
titular del Partido Unión Popular, el obispo respaldó las pretensiones de una
supuesta heredera del multimillonario Juan Feliciano Manubens Calvet. La muerte
del hacendado, el 5 de marzo de 1981, desató una feroz disputa por su herencia
de 150 millones de dólares, entre 33 primos, sobrinos y nietos, y su concubina
Margarita Woodhouse. Apenas un mes más tarde apareció una mujer paraguaya, de
29 años, que declaró llamarse Dolores Manubens Calvet, afirmó ser hija natural
del millonario y reclamó la fabulosa herencia. Por intermedio de José Luis
Cora, la paraguaya recibió el activo apoyo del obispo Picchi. La pretensión
hereditaria pasó a la órbita policial, cuando un juez dispuso el procesamiento
de la mujer por intento de estafa, al descubrir que su nombre real era Juana
Carmen González Cibila de Carrera.
Con la representación del Obispado de Venado Tuerto, el
hermano del obispo, Luis Pedro Picchi, y su socio, José Enrique Cardozo,
establecieron en Buenos Aires una mesa de dinero que comenzó a operar en el
mercado interempresario a mediados de 1984. Como garantía de los depósitos de
los inversores se entregaban cheques de la cuenta Nro. 2141/0 "Obispado de
Venado Tuerto" del Banco Financiero Argentino. La financiera fue
desactivada en julio de 1985, dejando un tendal de víctimas por cientos de
miles de dólares. Quienes iniciaron demandas contra el Obispado se encontraron
con una desalentadora limitación: los bienes eclesiásticos destinados al culto
son inembargables.
En marzo de 1987 se produjo un caso de características
similares, que envolvió a la Iglesia colombiana. Se declaró en quiebra la
financiera Caja Vocacional, dependiente de la Conferencia Episcopal y dirigida
por monseñor Abraham Gitan Mahecha. Los bienes de la Caja no alcanzaron para
devolver el 50% de los ahorros a los depositantes.
El 16 de febrero de 1989, un juez federal de Córdoba, Gustavo
Becerra Ferrer, prohibió la salida del país de Mario Picchi, procesado por
fraude en la causa vinculada con la herencia Manubens Calvet. Pocos meses
después, en julio, el papa Juan Pablo II nombró como nuevo obispo de Venado
Tuerto a monseñor Paulino Reale y concedió a Picchi el título honorífico de
obispo de Tunicia y Numidia, un lugar ya inexistente del norte de África.
Muchas veces, las maniobras económicas ilícitas que
involucran a miembros de la Iglesia son favorecidas por esa condición. La exención
de impuestos que gozan las entidades católicas en Argentina ha facilitado los
comportamientos irregulares. En la city se comenta que en la agenda de los
principales asesores impositivos figuran entidades religiosas que, a cambio de
un pequeño porcentaje del impuesto evadido, aceptan firmar recibos por
donaciones empresarias simuladas. En el marco del operativo Tierra del Fuego de
1988; la DGI investigó al sacerdote salesiano Juan Corti que dirigía algunas
entidades católicas dependientes del obispado de Comodoro Rivadavia, y que
apareció vinculado a los fraudes con el régimen de promoción, mediante la
utilización de esas instituciones religiosas para extender facturas por ventas
inexistentes. El juez federal Martín Suárez Araujo procesó a Corti y a su colaborador
Nadim Jalef Flores por defraudación al fisco y falsedad de documentos públicos
y privados. El magistrado aceptó varios terrenos de propiedad del obispado de
Comodoro Rivadavia como caución real para conceder la eximición de prisión al
sacerdote.
Pero estas travesuras de algunos miembros de la Iglesia
representan sólo anécdotas en el juego de los grandes intereses económicos que
preocupan a los cardenales y obispos argentinos. Sus expectativas, en el futuro
inmediato, se concentran en los aportes estatales para los establecimientos
privados de educación y en el proyecto de impuesto para el culto.
Extraido de: "La Cara Oculta de la Iglesia" de
Héctor Ruiz Núñez
LAS LEYES “CATÓLICAS”
En la República Argentina, como no sucede en ningún otro
país del mundo, la Iglesia Católica recibe del Estado una asignación monetaria
para cada obispo, que es equivalente al 80% del salario de un Juez de Primera
Instancia, cuyo salario mensual, al mes de febrero del año 2012, es de $17.426.
(Diecisiete mil cuatrocientos veintiséis pesos).
También el Estado Argentino le otorga a la iglesia una
asignación monetaria por cada seminarista, que equivale al salario de un
empleado judicial, de acuerdo con las leyes vigentes mencionadas a
continuación:
LEY 21950: (asignación para los obispos): ARTÍCULO.1.- Los
arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis,
prelaturas, eparquías y exarcados del Culto Católico Apostólico Romano gozarán
de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el
cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos. FIRMADO:
VIDELA - MARTINEZ DE HOZ - PASTOR
LEY 21540 (*) (Jubilación de obispos por edad avanzada o
invalidez): ARTÍCULO 1.- Los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre
Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico,
Romano, y el Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas, que cesen en dichos
cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual
vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al
cargo de Presidente de la Nación excluidos los gastos de representación en el
Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. FIRMADO: VIDELA -
BARDI – GUZZETTI
LEY 22162 (subsidio por zona desfavorable) : ARTÍCULO 1.-
Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar a los curas párrocos o vicarios
ecónomos de parroquias situadas en Zonas de Frontera, (...) o de aquéllas
ubicadas en otras zonas que, por sus características, también requieran la
promoción de su desarrollo, una asignación mensual (...) equivalente a la que
corresponda a la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la
Administración Pública Nacional. FIRMADO: Videla- Harguindeguy - Martínez de
Hoz - de la Riva – Pastor
LEY 22430 (jubilación sin aportes con 5 años de servicio
acumulativo con otras): ARTÍCULO 1.- Los sacerdotes seculares del culto
católico, apostólico, romano, que tuvieran cumplida la edad de sesenta y cinco
(65) años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio
en el país por un lapso no inferior a cinco (5) años, no amparados por un
régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva, tendrán derecho a
una asignación mensual vitalicia equivalente al haber mínimo de jubilación del
régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de
dependencia. ARTÍCULO 2.- Esta asignación será compatible con cualesquiera
otros ingresos que mensualmente no excedan del doble del haber mínimo de
jubilación (...). FIRMADO: VIDELA - PASTOR – FRAGA
LEY 22950 (becas estatales a seminaristas): FIRMADO: BIGNONE
ARTÍCULO 1.- El Gobierno Nacional contribuirá a la formación del Clero
Diocesano, para lo cual los Señores Obispos residenciales o quienes hagan
canónicamente sus veces percibirán en concepto de sostenimiento mensual por
cada alumno de nacionalidad argentina del Seminario Mayor perteneciente a la
propia jurisdicción eclesiástica, el equivalente al monto que corresponda a la
Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública
Nacional. - WEHBE - AGUIRRE LANARI.
Ley 22552 (si no hay obispo, cobra el obispado): ARTÍCULO 1.
- En los casos de vacancia de la titularidad producida en las Arquidiócesis,
Diócesis, Prelaturas, Eparquías y Exarcados del Culto Católico Apostólico
Romano y hasta tanto se designe nuevo diocesano, los Vicarios Capitulares o los
Administradores Apostólicos con jurisdicción en las mismas, recibirán la
asignación mensual a que se refiere el artículo 1 de la Ley 21.950. (FIRMADO:
GALTIERI - ALEMANN - COSTA MENDEZ.)
Es evidente que estas leyes jamás hubieran sido votadas por
los legisladores, en un gobierno democrático.
Tengamos en cuenta también, que todo ese dinero que recibe
la Iglesia Católica Argentina, procede de los impuestos que pagan todos los
ciudadanos argentinos y tiene la característica de que no exige ninguna
contrapartida, se entrega a cambio de absolutamente nada, lo cual es injusto.
Habida cuenta de que hay suficientes argumentos para
concluir que la Iglesia Católica no debería recibir dinero procedente del pago
de los impuestos, cabe preguntarse qué debería hacerse para resolver esta
situación. En el año 2002, se votó por mayoría en el Congreso de la Nación la
cancelación de las asignaciones a la Iglesia Católica, pero fue vetada por el
entonces Presidente de la Nación, Dr. Eduardo Duhalde.
En mi opinión, debería seguirse el camino legislativo.
Seguramente, las dos cámaras votarían a favor de la eliminación de todas las
asignaciones para obispos y seminaristas. De todas maneras, si por algún motivo
el gobierno no decide la interrupción de la entrega de las asignaciones
mencionadas, entendemos que sería moralmente conveniente que sean los mismos
obispos quienes renuncien a recibir ese beneficio, pues de esa manera se estaría
resolviendo una situación que al día de hoy sigue crispando a mucha gente.
