Luego una excelente crónica periodista de Hernán Brienza (UBA), y para cerrar, nobleza obliga, la visión de Gonzalo Strano, el cual es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina. Seguimos reflexionando porque entendemos que una solución justa a la cuestión minera requiere profundidad, responsabilidad, conocimiento certero, ya que es el desarrollo de Provincias particulares y de la Nación en general lo que esta en juego.
Por otra parte ahora no estoy buscando delinear una conclusión, la cual ya ha quedado sugerida en el posteo anterio (III), sino que intento responderme ¿Por qué no habríamos de tocar el Famatina?. POLIKARPO.
Profesor de química inorgánica desmiente tópicos sobre minería a cielo abierto. (http://www.continental.com.ar)
AUDIO COMPLETO AQUI:
Mario Féliz, profesor titular en Química Inorgánica de la Universidad de La Plata, aseguró que, "al aire libre, el peligro de intoxicación con cianuro de hidrógeno disminuye, porque el gas es menos denso que el aire y se disipa con facilidad".
Por Continental, Mario Féliz, profesor titular en Química Inorgánica de la Universidad de La Plata, desestimó algunos lugares comunes sobre la contaminación que producen las explotaciones mineras a cielo abierto.
En La Mañana, señaló que el éxito del método “se debe a su mayor eficiencia y a los menores riesgos ambientales. Sin embargo, la utilización del cianuro se ha convertido en el caballito de batalla de los ‘enemigos de las minas’”, matizó.
Féliz aseguró que, al aire libre, el peligro de intoxicación con cianuro de hidrógeno disminuye, porque el gas es menos denso que el aire y se disipa con facilidad. Sin embargo, en ambientes cerrados la presencia de HCN asegura la muerte". Remarcó que, “en la actualidad, la industria del cianuro de hidrógeno es muy importante, porque éste se utiliza en un gran número de procesos industriales”.
“Según la EPA, hay una larga lista de actividades que producen emisiones cianhídricas. Sin embargo, el 99,7 por ciento de las emisiones de cianuro o derivados cianogenéticos son producidas por la suma de la industria de las fibras orgánicas (no celulósicas), la industria productora de compuestos químicos orgánicos, la refinación del petróleo y la elaboración de productos derivados del carbón y el grafito. Esto significa que sólo el 0,3 por ciento de las emisiones totales de HCN corresponden a otras actividades, entre las cuáles se encuentra la minería”, concluyó Féliz.
Nueva ley de minería para zanjar conflictos (www.clarin.com)
Por Carlos Reboratti GEOGRAFO (UBA / CONICET)
En forma recurrente aparece en los medios la información sobre conflictos generados por la instalación de empresas de minería a cielo abierto , corporizados en la reacción de grupos locales que se oponen a esos emprendimientos recurriendo a varias formas de protesta, incluyendo el cierre de caminos.
Para el lector ajeno a este tipo de temas, seguramente le parece difícil entender cómo un grupo de vecinos se opone a una actividad económica, sobre todo cuando se trata de lugares que han sido marginados del desarrollo y el crecimiento económico. El tema es muy complejo y muestra la tensión entre distintos sectores de la sociedad generada por su visión sobre los efectos positivos y negativos de dicha actividad extractiva .
Desde la sanción en 1994 de una ley de promoción de la minería que le da amplio margen de acción, incluyendo una virtual exención de impuestos a la exportación, esta actividad ha ido creciendo.
Según la Constitución Nacional reformada en 1994, l os recursos naturales son de propiedad de las provincias, y por lo tanto son ellas las que deben negociar con las compañías mineras los permisos y condiciones de explotación. Algunas provincias directamente han prohibido la minería a cielo abierto, pero otras (básicamente las más pobres) no lo han hecho y por el contrario a veces la han promocionado.
Cuando descendemos al nivel local, es allí donde se generan los conflictos : al conocerse un proyecto de explotación, e influenciados por los grupos ambientalistas más radicalizados y activos del país que potencian la natural inquietud de los pobladores por los efectos que la minería podría tener en el ambiente, algunos sectores de la sociedad local se movilizan para detenerlo. Ante esto las compañías responden diciendo que el proyecto es totalmente seguro desde el punto de vista ambiental, que generará puestos de trabajo y efectos muy positivos en la economía local.
Las respuestas de los gobiernos provinciales son heterogéneas : en los casos donde apoyan abiertamente a las compañías mineras directamente acusan a esos movimientos sociales de irresponsables; en otros, y según el cariz que toman los acontecimientos, dudan o a veces dan marcha atrás con los permisos de explotación.
Se podría pensar que estos conflictos se deberían resolver mediante una consulta popular.
¿Pero ésta se debería referir sólo a la población local, que potencialmente sufriría las consecuencias de la minería o a la de toda la provincia, que es en algún sentido la “dueña” del mineral? Hay dos ejemplos contrastantes: el los casos donde existió un referéndum local siempre el resultado fue opuesto a la mina.
Pero en las elecciones o reelecciones de gobernadores que explícitamente mostraron su apoyo a la minería, indefectiblemente éstos ganaron por amplia mayoría.
Ante este dilema que parece tan difícil zanjar, la solución posible es la formulación de una nueva ley de minería que determine claramente la forma de resguardar y delimitar los intereses locales e incluya la formulación de mecanismos de resolución de conflictos.
A Famatina hay que pensarla (http://tiempo.infonews.com)
Por: Hernán Brienza, periodista (UBA).
No está claro cuánta agua se utiliza, cuánto cianuro, si contamina más que la ganadería o la soja, o cualquier industria porteña. ¿Es cierto que apenas el 8% del cianuro que se utiliza en el país lo usan las mineras y el resto otras industrias tan contaminantes pero a las que no percibimos?
Famatina es una de esas palabras que tienen demasiada significación para la historia argentina. Desde el siglo XVII cuando fueron descubiertas las riquezas que escondía en su vientre se ha convertido en un cerro mitológico. Por ejemplo, en su imprescindible libro Facundo y la montonera, el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y Rodolfo Ortega Peña demostraron lo cruciales que fueron los enfrentamientos políticos, comerciales y económicos entre el gobierno centralista de Martín Rodríguez y la defensa federal del riojano Facundo Quiroga. En ese texto sus autores sugieren la tesis de que la guerra civil entre unitarios y federales estalló, justamente, por causa del choque de intereses entre un grupo nacional de protoempresarios –liderados por Facundo y Braulio Costa, entre otros– y la casa internacional de Baring Brothers, que sostenía a la Famatina Minning Company. Por aquellos años, la década del ’20 del siglo XIX, Bernardino Rivadavia fue, primero, hombre fuerte del gabinete de Rodríguez y, finalmente, bajo ciertas condiciones irregulares, presidente de la República. Fue el representante no oficial de los negocios británicos en estas tierras –basta recordar que fue quien inició el endeudamiento externo argentino– y abogaba por un progreso liberal apoyado en las inversiones extranjeras como única palanca de desarrollo. La publicidad inglesa aseguraba que en La Rioja llovía oro y se montó alrededor de la posibilidad de la mina un negocio fraudulento inmanejable. Por esa razón, Famatina está en el nudo de la historia argentina, y cuando alguien grita “el Famatina no se toca”, acierta en una consigna que conmueve desde la profundidad del pasado y apela a viejas disputas por la soberanía nacional.
A esa carga histórica se le suman los errores políticos cometidos por la policía catamarqueña en los últimos días. Desgraciadamente, el kirchnerismo no ha podido todavía penetrar en la conciencia de las élites gobernantes de muchas provincias y se le ha dificultado imponer su máxima de que “la protesta social no se reprime con violencia”. Entonces, cada vez que se produce un acto de esta naturaleza por parte de alguno de los ejecutivos provinciales o incluso de operativos menores, los grupos “progresistas” o de “izquierda” se abusan de estos sucesos para incomodar al gobierno nacional y poner en supuestos aprietos a sus defensores corriéndolos por izquierda. Esa contradicción entre políticas publicas nacionales y provinciales, tarde o temprano, tiene que saldarse a favor de las decisiones tomadas en el 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner. Incluso cuando hoy estemos en otro momento histórico y económico y ya las protestas no sean por la subsistencia sino por debates políticos. En la actualidad no se cortan rutas por supervivencia inmediata sino por la defensa del medio ambiente. No parece poca la diferencia.
La presidenta de la Nación Cristina Fernández convidó a la sociedad esta semana a tener un debate serio y responsable sobre la cuestión minera. Los argentinos nos debemos una fuerte discusión entre posturas antagónicas, pero abandonando prejuicios, falsas acusaciones, verdades a medias y estupideces conjuntas. Entre el conservacionismo reaccionario del magnate norteamericano Douglas Tompskin, el ecologismo berreta y marciano de muchos ambientalistas, la hipocresía bucanera de empresarios y políticos y la voracidad colonialista de las multinacionales debe haber un resquicio para pensar una política autónoma, responsable, sustentable humana y ambientalmente –si es que pueden separarse estos términos– y soberana.
El peronismo lleva en sus entrañas el germen de su propia discusión. Es industrialista y generador de empleos y, al mismo tiempo, Juan Domingo Perón fue el primer líder político en la Argentina en plantear con absoluta seriedad la problemática ambiental. En su discurso del año 1972, expresó: “Cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado de sus recursos naturales, y el cuidado del ambiente urbano está implícito en él... en otras palabras, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo, den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, racionalizando el consumo de recursos naturales, y disminuyendo al mínimo posible, la contaminación ambiental”.
Interesantísimo. El propio Perón da una fórmula para analizar en cada caso qué es lo que hay que hacer: elabora la doctrina del menor daño posible. No se trata de ir desnudos por el mundo, constipados, para no influir el medio ambiente como parecen proponer algunos ecologistas narcisistas. La cuestión es ser conciente de que toda actividad humana daña el ecosistema y que por lo tanto hay que ser sumamente responsables a la hora de transformar el planeta que nos contiene. Y dice algo que vale la pena escuchar: hay que cambiar las pautas no sólo de producción si no de consumo… Es decir, vivir en Capital Federal con todo arreglado y “protestar por la bomba que cayó a mil kilómetros del refrigerador” es una hipocresía digna de la canción de Silvio Rodríguez.
Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en toda Latinoamérica, nombrada por Perón en 1973 explicó alguna vez que: “Hasta entonces también había una idea biológica en cuanto a la conservación, se consideraba al hombre en tanto ser biológico, no como un ser integral, por eso fue realmente interesante el planteo (de Perón) porque el ambiente humano debía lograr una calidad de vida para los hombres, primero estaban las necesidades básicas de los hombres. Dice en su discurso que el hombre debe ser un ser íntegro, en relación con la salud, el ambiente, la equidad, la Justicia Social, la dignidad humana, él siempre lo decía. Eso es ético, moral, lo que corresponde.”
Propongo abrir en serio un debate sobre la minería en nuestro país. Sin chicanas, sin cobardías, sin falsas imputaciones. Ni todos los ambientalistas son marcianos ni todos los defensores de la producción mineras son agentes de la Barrick Gold. E incluso sería interesante discutir la viabilidad de la minería a cielo abierto. ¿Puede realizarse con una metodología que no sea tan lesiva? ¿Por qué las grandes potencias del mundo: China, Australia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Perú, Canadá, Brasil, Chile, tienen derecho a explotar sus montañas de oro con minería a cielo abierto y los argentinos no podemos? ¿Quiénes están en lo cierto: los estadounidenses, los rusos, los brasileños, por nombrar a tres de las seis principales potencias o nosotros?
El Noroeste argentino tiene ciertas dificultades para engarzarse en el capitalismo nacional e internacional. No tiene grandes extensiones de tierra para cultivar soja y por su posición geográfica alejada de los centros urbanos tampoco posee polos industriales que capturen mano de obra desocupada. Recién en la última década apostó al turismo como fuente genuina de recursos –Salta fue la provincia que picó en punta– y la mayoría de la población económicamente activa depende del Estado y del empleo público. Esa situación de dependencia política genera masas de trabajadores cautivos de los vaivenes de la política. En los últimos tres años, la provincia de La Rioja, por ejemplo, según números oficiales, ha visto nacer 2000 empresas pymes para abastecer a las mineras. Deben ser estimativamente cerca de 10 mil puestos de trabajo. No es una cifra despreciable. Y en el caso de Famatina, el acuerdo con Osisko, además, incluía una cláusula en la cual la empresa estatal EMSE debía quedarse con el 30% de lo producido, cuando, generalmente, las demás mineras aportan apenas el 3% de regalías. ¿Justifica esto destrozar el cerro de Famatina? No lo sé. Y es posible que no. Pero no me cabe duda de que hay que pensarlo sin histeria y con una mirada amplia. Y también como política pública a mediano y largo plazo. Obviamente, hay que abrir, además, el debate técnico. Porque no está claro cuánta agua se utiliza, cuánto cianuro, si contamina más que la ganadería o la soja, o cualquier industria porteña. ¿Es cierto por ejemplo que apenas el 8% del cianuro que se utiliza en el país lo usan las mineras y el resto otras industrias tan contaminantes pero a las que no percibimos? ¿O es falso? El periodismo ha discutido mucho sobre el tema de la minería, pero lo ha hecho con absoluto desconocimiento, en el mejor de los casos, o atravesados por operaciones políticas en la mayoría.
Desgraciadamente, vivir mata. Y el capitalismo moderno más. El desarrollo industrial tiene consecuencias fenomenales para el Medio Ambiente. Entre vivir de la caza y de la pesca y destruir el planeta hay una amplia cantidad de posibilidades. El desarrollo minero no puede analizarse desde posiciones dogmáticas. “El Famatina no se toca” es un buen eslogan. Pero habría que preguntarse antes: ¿Por qué no? ¿Cuántos puestos de trabajo cubre? ¿Qué tipo de tecnología usarán para la extracción del oro? ¿Qué tipo de controles podrá realizar el Estado? ¿Hay necesidad de reestructurar la legislación en la materia? ¿Es lo mismo la agresiva minería en provincias como Córdoba que tiene cientos de recursos que en La Rioja o Catamarca con menor sustentabilidad? Más allá de las suculentas untadas que puedan recibir políticos locales, si la minería aporta el 10 o 15% de la población económicamente activa del NOA ¿no merece un debate un poco más serio que andar gritando por las cámaras de TN? Demasiada carga histórica tiene Famatina –desde el conflicto entre Rivadavia y Quiroga– para que su futuro sea vociferado melodramáticamente por operadores de un arrocero que no tiene el menor cuidado por el medio ambiente en, por ejemplo, los Esteros del Ibera? No sé si Famatina terminará o no tocándose. Lo que sí es un imperativo es reflexionar sobre ella. A Famatina hay que pensarla.
Minería, el debate pendiente del que habla el Gobierno (www.lanacion.com.ar)
Por Gonzalo Strano, miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
