¿De dónde viene la inflación? (II)

Hace unos meses publicábamos: "¿De dónde viene la inflación?”, en aquella ocasión reflexionábamos sobre uno de los componentes estructurales del fenómeno inflacionario en la Argentina. Contra los diagnósticos de la ortodoxia monetarista: la aceleración de la inflación que comienza a observarse hacia finales de 2007 y persiste hasta el presente no tiene como causa ni una emisión monetaria descontrolada, ni un aumento exagerado del gasto público, ni los incrementos de los salarios, las jubilaciones o los ingresos derivados de las políticas sociales, ni mucho menos la incertidumbre respecto de las estadísticas públicas. Uno de los componentes como vimos es importado, a saber: el aumento de precios internacionales de los productos agrícolas. Pero en esta ocasión agregamos otro elemento para entender el origen de la inflación en nuestro país: la concentración económica. En la Argentina las cadenas de súper e hipermercados venden casi el 60% de los alimentos y bebidas que se consumen en el país. Seis empresas manejan el 85% del sector e imponen condiciones a los proveedores. El margen neto de facturación de las cadenas de Europa y Estados Unidos es de 1,5%, mientras que en la Argentina escaló al 3,8%. Con ese poder, las grandes distribuidoras son formadoras de precios. Este último elemento, junto la fabricación de muchos de esos productos que comercializan estas cadenas, así como el aumento de los precios de los productos agropecuarios, explican gran parte del proceso inflacionario. De aquí entonces que debamos apoyar al Gobierno Nacional y Popular, único capaz de protegernos de estos avatares del mercado. POLIKARPO.

1. ARMANDO PRECIOS.

Dentro del empresariado hay un sector que se ha constituido en un actor predominante en la conformación de precios: las cadenas de hipermercados y supermercados, que comercializan el 58 por ciento de los alimentos y bebidas que se consumen en el país. De las 69 empresas relevadas por el Indec, 6 manejan el 85 por ciento de las ventas del sector y las primeras tres, el 70 por ciento. Estas compañías conforman lo que se llama un monopsonio. Funcionan como un oligopolio, pero en este caso, de compras. Cualquier empresa que quiera tener una fuerte presencia en el mercado debe caer inevitablemente en ellas. Por eso son formadoras de precios y están siendo corresponsables del actual proceso de remarcaciones.
El sector está liderado por la multinacional francesa Carrefour, que participa con el 29 por ciento del mercado. Además de locales propios explota las tiendas de descuento Día y absorbió a la cadena Norte. Le sigue el grupo de origen chileno Cencosud, con el 21 por ciento de participación, que opera la cadena Jumbo y en 2005 pagó 260 millones de dólares a la holandesa Ahold por la cadena Disco y su controlada Plaza Vea. El tercer puesto, con una participación del 20 por ciento, lo ocupa la cadena Coto, de capitales argentinos, seguido por la francesa Casino, con el 7 por ciento del mercado, y la cadena local La Anónima, con otro 7 por ciento. Finalmente, la estadounidense Wal-Mart está en sexto lugar, con un 5 por ciento del mercado.
“En el pacto social que se está forjando es clave que el sector de la distribución tenga una participación activa y se comprometa seriamente con los acuerdos a los cuales se llega. Las razones son múltiples. Es un sector altamente oligopolizado, lo que lo convierte en un formador de precios que le permite no solamente fuertes incrementos de los mismos, que afectan el índice de precios y los bolsillos de los consumidores, sino una presión sobre los proveedores, especialmente pymes, que determina un aumento aún mayor de sus márgenes de ganancias”, señaló a Cash el economista Roberto Dvoskin, de la Universidad San Andrés.
A partir del poder de mercado que tienen estas grandes empresas, presionan a los proveedores para mejorar sus condiciones de compra y mediante un proceso de fuerte remarcación de los productos obtienen márgenes extraordinarios. Según un reciente estudio de la Facultad de Economía de la UBA, el margen neto promedio sobre facturación de las cadenas de supermercados en Europa y Estados Unidos es del 1,5 por ciento. En Argentina, hasta hace cinco años era del 3 por ciento. Ante el fuerte crecimiento de la demanda, ese margen ya alcanza el 3,8 por ciento. En los últimos doce meses el sector facturó 62.853 millones de pesos.
Negociar con los fabricantes de alimentos tendrá escaso resultado si no se obtiene un fuerte compromiso de los supermercados de no incrementar sus márgenes de ganancia. Una empresa líder del sector señaló a este suplemento que en el último año subió el precio de la lata de arvejas un 32 por ciento y que las tres grandes cadenas lo aumentaron un promedio del 91 por ciento. Las galletitas subieron 27 por ciento el precio de salida de fábrica y los tres grandes la aumentaron 66 por ciento. Las mermeladas incrementaron su precio a los supermercados un 42 por ciento y las cadenas lo subieron un 169 por ciento. La mayor productora de hamburguesas del país señaló a este medio que las grandes cadenas remarcan un 90 por ciento su producto.
Una de las maneras que utilizan las grandes cadenas para presionar a sus proveedores es suspenderles las compras por un tiempo determinado, generalmente un mes. Así los fabricantes se encuentran con un stock que no pueden ubicar en otros comercios y, a la vez, pierden posición en el mercado frente a sus competidores. Esta estrategia puede verificarse en las góndolas. El Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndolas (FMG) de GS1 Argentina registró este año un faltante total del 7,61 por ciento de los artículos buscados. Según la multinacional que analiza el sector, “es significativo el faltante de alimentos en las góndolas de los supermercados argentinos”. Con los fabricantes más pequeños los supermercados tienen estrategias menos sutiles: les compran, reciben la mercadería al precio pactado y luego emiten y les envían a sus proveedores una nota de débito que reduce el precio de compra.
Un informe de la consultora Kantar World Panel indica que “el 63 por ciento de la gente elige el lugar de compra por las promociones”. Las fuertes remarcaciones de precios que practican las principales cadenas usualmente quedan enmascaradas por las ofertas que lanzan esos mismos centros comerciales. La mayoría ofrece descuentos atractivos, del 20 al 30 por ciento, desde carteles que cuelgan en sus sucursales. Sin embargo, en reiteradas ocasiones los consumidores descubren al pasar por caja que el beneficio no los incluía. En los mismos carteles, pero en letra minúscula, estaban aclaradas las restricciones. Para la Unión de Usuarios y Consumidores, esta conducta constituye una violación a la Ley de Lealtad Comercial y por eso presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (ver aparte).
Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC), explicó que “si comparamos producto por producto, vemos que es relativo eso de que el hipermercado nos provee todo más barato. Las frutas y verduras fueron siempre más baratas en las verdulerías que en los supermercados, y lo mismo pasa con el pan o la carne. Los productos de limpieza también son más económicos en los comercios donde se venden sueltos”. The Nielsen Company señaló a Cash que “históricamente, la brecha de precios entre los supermercados y los almacenes se ubicaba entre 13 y 15 puntos de diferencia, aunque en los últimos años se fue reduciendo y hoy se ubica apenas por debajo de los diez puntos”.
La concentración de la comercialización de artículos del hogar se dio en el país, fundamentalmente, a través de fusiones y adquisiciones. En la última década estas grandes compañías comenzaron a pelarles el mercado de negocios de proximidad a los autoservicios mediante excepciones a los códigos urbanos concedidos por los municipios. Así pudieron ubicar negocios más grandes que los autoservicios, por lo tanto mejor surtidos, en su territorio. La cadena que más excepciones logró, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, fue Coto. Así, con un constante aumento de la concentración en pocas manos se convirtieron en un actor principal en la conformación de precios

2. El 75% de los productos de consumo masivo los fabrican 28 empresas.

La elevada concentración de la oferta de bienes y servicios sigue siendo una asignación pendiente de resolución en la Argentina. El caso es que, actualmente, una treintena de empresas concentra el 75% de la oferta que los argentinos encuentran en los autoservicios, supermercados e hipermercados del país.
Conviene aclarar que no existe un estudio sistemático al alcance del público acerca de este tema y las cifras pueden variar según quién las releva. Con todo, la tendencia se manifiesta con claridad. Esta se produce por al menos dos causas. La primera, por la fusión de grupos y por la adquisición de empresas. Un claro ejemplo es que hoy en día, la empresa-grupo P&G concentra empresas que antes eran: Gillette, Duracell y P&G. O bien el grupo Kraft, que ha adquirido a lo largo de los años a las empresas Canale, Suchard y Nabisco.
La otra causa está en la unificación de las marcas. En vez de abrir un abanico de opciones, las empresas apuestan fuertemente por una marca, o a lo sumo dos marcas, en cada segmento del mercado. Esto hace que adquieran una mayor preponderancia frente al consumidor y así mayor participación en el mercado.
Estos fenómenos se constatan en diversas categorías: aguas y bebidas, enlatados, secos, farináceos, limpieza del hogar e higiene personal, etc. Los supermercados manejan 124 categorías de productos. Uno de los pocos estudios realizados sobre la concentración de la producción es de José Sbatella, economista ttitular de la Unidad de Información Financiera. En el 2008 presentó un informe según el cual: la producción de alimentos está altamente concentrada en muy pocas manos, los mercados de oferta están muy oligopolizados: entre una y tres empresas concentran la mayor parte de la producción y venta de bienes de consumo masivo.

FUENTE: www.pagina12.com.ar / http://tiempo.infonews.com

Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales

Propiedad de la tierra

La propiedad y uso de la tierra tienen una indudable importancia social, económica y política. Esa relevancia histórica es hoy mayor por la crisis en Estados Unidos y Europa, que determina una marcada incertidumbre sobre el sistema monetario mundial. La debilidad del dólar como moneda de aceptación universal y el deterioro del euro como eventual sustituto están provocando estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para preservar el valor de sus patrimonios. Una de ellas es la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales, como también la acumulación de oro como reserva de valor. En ese contexto de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo global, que está lanzado sin certezas sobre cuál puede ser el saldo final, es conveniente poseer de un norma que regule la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Demorar el debate o confundirlo, por razones electorales o para proteger intereses de grupos económicos, por fuerzas de la oposición e incluso por dirigentes de la Federación Agraria que han tenido como bandera histórica esa cuestión, sólo favorece a capitales financieros y a potencias emergentes que buscan garantizar su propio abastecimiento de materias primas. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ya ha tenido modificaciones en discusiones de comisión en Diputados, no aborda en toda su dimensión el uso, acceso y propiedad de la tierra. Pero es un avance para empezar a complejizar esa cuestión sensible para el poder económico a partir de un aspecto básico: saber quiénes son los dueños de las tierras a partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras Rurales y que dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial a nivel nacional.

Esta iniciativa tiene la virtud de plantear un debate que ha sido históricamente postergado por el poder político. Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el país en el nuevo orden económico mundial. El proyecto establece una serie de limitaciones a la venta de campos a extranjeros. Esa restricción es un primer paso para generar las condiciones para abrir la discusión acerca de cómo está distribuida la tierra en el territorio nacional, quiénes son los dueños de los campos, qué uso se hace del suelo y cuánto contribuyen al fisco los propietarios de ese recurso natural estratégico.

Uno de los aspectos más complejos de la norma tiene que ver con la nacionalidad de una sociedad anónima, ya que muchas empresas extranjeras suelen adquirir tierras a través de intermediarios locales. Para avanzar en este tema, se prevé la creación de un registro nacional de propietarios, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, y la realización de un censo que debería estar finalizado a los 180 días de aprobada la norma. Sin ese relevamiento catastral y dominial de todas las tierras rurales, no podrá regularse fehacientemente la limitación de la tenencia extranjera.

Resulta notable el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con mayor cantidad y fertilidad de tierras del mundo. La historiadora y especialista en desarrollo rural Silvia Lilian Ferro señala esa increíble carencia destacando que, de los cuatro países del Mercosur, sólo Argentina no posee un organismo público nacional para fijar políticas de distribución de tierras en su territorio. Detalla que Brasil tiene el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária; Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra; Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización. Lilian Ferro explica que “en el país existió un Consejo Agrario Nacional, creado en la década del ’30 para ese fin, que después de décadas de paralización por parte de diferentes gobiernos militares fue eliminado en 1980 por el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz”. El proyectado relevamiento catastral, que deberá superar las resistencias de dependencias provinciales bien dispuestas a las inquietudes de los grandes propietarios de campos, facilitaría la recuperación de ese tipo de organismo.

Esa ausencia informativa del Estado fue ocupada por especialistas que se dedicaron a indagar quiénes son los grandes propietarios de campos. Entre esas investigaciones se destacan las realizadas por Eduardo Basualdo en Flacso, focalizadas en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas agropecuarias más ricas. En su libro Estudios de historia económica argentina apunta que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas, desagregados de la siguiente manera:

- 740, entre 2500 y 4999 hectáreas.
- 255, entre 5000 a 7499 hectáreas.
- 94, entre 7500 y 9999 hectáreas.
- 107, entre 10.000 y 19.999 hectáreas
- 54, de 20.000 en adelante, incluidos los estados nacional y provinciales.

En conjunto, son dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia.

Basualdo ubica como causa central del predominio dentro del campo argentino de los grandes propietarios de más de 20.000 hectáreas la posibilidad de aprovechar economías de escala. En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, fenómeno que se asocia ahora con el actual proceso de concentración de la producción. Esta es fruto de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la actividad para operar con economías de escala, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial que alquila grandes extensiones, apropiándose de gran parte de la rentabilidad agraria sin inmovilizar recursos con la adquisición de tierra.

La mayor presencia de capitales extranjeros en la propiedad de la tierra se observa en áreas extrapampeanas. En zonas donde se concentran otros recursos naturales, como el agua, petróleo o minerales, en la Patagonia, en los esteros del Iberá, y en áreas de seguridad de frontera, entre las más importantes. En los últimos veinte años ha habido una creciente inversión de capitales del exterior en amplias extensiones de tierras, y ahora se han manifestado voluntades de incrementarla, como el proyecto de China en Río Negro o el emprendimiento de capitales privados de India, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o el plan para el Impenetrable chaqueño del sheik Mohamed Alkhorayef de Arabia Saudita.

Esa creciente participación de capitales del exterior se verifica al mismo tiempo de la expansión de la frontera agropecuaria, que genera un proceso de concentración de la producción, además de venta de campos por parte de pequeños productores. En el debate sobre la tenencia de la tierra y la limitación a extranjeros es necesario vincular, como propone Basualdo, la distribución de la propiedad rural con la producción de los campos pertenecientes a los grandes propietarios.

FUENTE: Por Alfredo Zaiat (azaiat@pagina12.com.ar) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-176554-2011-09-11.html

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY:
http://anibalfernandez.com.ar/Documentos/Proyecto_de_ley_de_Proteccion_al_Dominio_Nacional_sobre_la_Propiedad,_Posesion_o_Tenencia_de_las_Tierras_Rurales.pdf