YPF: ¿Pública o Privada? ¿Nacional o Extranjera? ¿Dependencia o Soberanía?

La cuestión del aumento de los precios de los combustibles por parte de las empresas petrolíferas, y en particular la denuncia del Gobierno sobre la cartelización de los que corresponden al gasoil, vuelve a recordar un episodio parecido ocurrido en marzo del 2005, que en su momento frenó el presidente Kirchner con su propio poder presidencial. Pero también trae a la memoria una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en la década del ’20 del siglo pasado, enmarcados en la avanzada del segundo gobierno de Yrigoyen, que había sido elegido por abrumadora mayoría como presidente en abril de 1928, entre otras cosas para lograr la nacionalización del petróleo. Ésta había sido una bandera de su campaña proselitista, transformada en un proyecto de ley elevado al Congreso que incluía la expropiación de las empresas privadas existentes en ese entonces. La iniciativa logró su aprobación en la Cámara de Diputados, pero se abandonó luego del golpe militar de 1930, donde la intervención de los intereses petroleros externos se hizo sentir.

El conflicto alcanzó su pico de tensión en la provincia de Salta a partir de mayo de 1928, cuando el gobernador Julio Cornejo, encolumnado detrás del líder radical, decidió revertir la política petrolera de su antecesor, el conservador Joaquín Corbalán, y canceló todos los permisos de exploración que habían sido otorgados por su predecesor, además de ordenar a la Standard Oil suspender las operaciones en las áreas que se encontraban en disputa con YPF mientras firmaba un acuerdo para la exploración exclusiva por parte de esta última. La empresa estadounidense elevó su demanda a la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente, en 1932, los decretos de Cornejo fueron declarados nulos.

Ese interés por el fortalecimiento de la empresa estatal constituía un eje central de la agenda gubernamental y tenía el firme sostén de sectores militares, entre los que se destacaba el general Mosconi, que se había hecho cargo de la conducción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922. Ante el hecho de que el mercado se hallaba en manos de compañías extranjeras y los precios eran fijados por las firmas importadoras, el mismo Mosconi provocó una de las grandes controversias de la época cuando en 1929 propició una reducción progresiva de los precios de la gasolina y el kerosene por parte de YPF (que disponía de un 15% de mercado) y estableció valores uniformes para el conjunto del territorio nacional.

Para evitar el desabastecimiento por parte del resto de las compañías y de los importadores y, de ese modo, forzar a que lo sigan, con el riesgo de perder sus mercados en caso de oponerse, Mosconi se aseguró el aprovisionamiento de petróleo ruso gracias a un pacto comercial firmado con la Unión Soviética ese mismo año. Fueron tres rebajas sucesivas (en agosto y noviembre de 1929 y en enero de 1930) que obligaron a las empresas privadas a hacer lo propio. Estas decisiones beneficiaron a los consumidores, lograron disminuir los costos del transporte y contribuyeron a la estrategia de ampliar la participación de YPF en el mercado argentino, de modo que la acción de la petrolera estatal permitió controlar y estabilizar los precios internos.

Mosconi estaba convencido de la necesidad del control nacional sobre el recurso en cuestión. Su posición derivaba de su propia experiencia, que lo condujo a asociar el desarrollo petrolero, la industrialización y la soberanía dentro de una visión estratégica: como subdirector del Arsenal de Guerra reconoció el compromiso que suponía la dependencia del armamento importado, en tanto que como director del Servicio Aeronáutico del Ejército afrontó la negativa por parte de una empresa extranjera a venderle combustible a menos que el Ejército pagara por adelantado.

El carácter estratégico del petróleo se puso más claramente en evidencia, a nivel mundial, con motivo del alza de sus precios en los años ’70, a raíz de los problemas del Medio Oriente y a través de la acción de los países de la OPEP. Su utilización como “instrumento” decisivo para modificar el balance de fuerzas entre los países exportadores e importadores en el contexto de la Guerra de Yom Kippur generó un elevado grado de inestabilidad en las naciones industrializadas y llevó al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a establecer como meta nacional lo que dio en llamar el Proyecto Independencia. Su objetivo era desarrollar a finales de la década el potencial necesario para satisfacer las propias necesidades energéticas “sin depender de ninguna fuente extranjera de energía”.

Pero los hechos no sucedieron de ese modo. La “independencia” estadounidense era una manera cínica de concebir el mundo como propio. Y en años recientes la posesión de ese recurso explica en gran medida la ocupación de Irak. Paul Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, declaraba en junio del 2003, que “la principal diferencia entre Corea del Norte e Irak –y de allí el disímil accionar con uno y otro– es que económicamente no teníamos otra elección que Irak. El país nada en un mar de petróleo”. Los actuales acontecimientos en Medio Oriente –Libia, Siria, el estrecho de Ormuz– vuelven a actualizar la cuestión a través del comportamiento de las grandes potencias, cuya actual crisis agudiza la necesidad de resolver sus déficits energéticos.

En nuestro caso, la Argentina optó por obviar la importancia estratégica y económica de este recurso natural y no renovable y permitió la extranjerización de la empresa estatal. La política de la última dictadura militar, que supuso un endeudamiento externo desvinculado de la actividad productiva y la absorción de los desfavorables precios resultantes de los convenios firmados con el exterior, eran las principales causantes del déficit que presentaba YPF, a pesar de lo cual el mismo fue utilizado como argumento para promover su entrega al capital privado. Así, la alternativa argentina, diferente de la de Brasil (Petrobras), México (Pemex) o Venezuela (PDVSA) condujo a la privatización de la renta petrolera, con el agravante de que la misma pasa a reciclarse fuera del circuito productivo nacional por vía de la remisión de utilidades y de los precios de transferencia. Además, sus resultados fueron poco satisfactorios; la producción y las exportaciones declinan y aumenta el déficit comercial de combustibles y lubricantes (con precios en alza), en momentos en que el proceso de industrialización en curso requiere como prioridad el recurso energético. Esto puede suponer serios problemas en la continuidad del crecimiento, mientras no se aprovecha debidamente la valorización en los mercados mundiales, de la que se benefician las multinacionales. De esta manera, la problemática que subyace a la circunstancia particular del aumento de precios es la necesidad del Estado de regular la explotación y aprovechar los márgenes de ganancia de la industria petrolera, un recurso estratégico que el país debe finalmente recobrar en su plenitud mediante la reestatización de YPF, la empresa estatal que nunca debió ser saqueada y cedida a intereses externos.


FUENTE: Mario Rapoport / http://www.diariobae.com