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martes, 1 de mayo de 2012

¿Qué te pasa Lanata? (I)

En verdad es ocioso responder a cada una de las afirmaciones infundadas del periodista "más objetivo" (y combativo) de la radio y TV argentinas. Decir "algo" es darle entidad y peso a las mentiras enunciadas, pero no decir nada es permitir que discurran tranquila e impunemente. Argumentos de sentido común, datos falsos o descontextualizados, sumados a una retórica noventista, pobre imitación de un grande como Tato, torpe como el cuentito macrista de antonia y desorientado como las falsas profecías de Elisa Carrio.

Por eso, reproducimos aquí la dura réplica de una empresa que fue severamente difamada por el otrora corresponsal en Gaza, y hoy mercenario de Clarín.

POLIKARPO


El grupo Senor desmintió categóricamente el contenido del programa de Jorge Lanata y su publicación en el diario Clarín

“Nuestra empresa, como miles en la Argentina, apuestan a la producción y el trabajo. No admitiremos campañas de prensa que quieran desprestigiarnos.
Ratificamos que Grandes Maquinas SA, solo firmó una carta de intencion de venta de 18 cosechadoras, tolvas y plataformas en la República de Angola, durante la misión comercial organizada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”, afirmó este lunes uno de los directivos de la firma radicada en Concepción del Uruguay, Ricardo Senor. De este modo, el grupo Senor desmintió categóricamente el contenido del programa de Jorge Lanata y su publicación en el diario Clarín sobre la comercialización de las cosechadoras en Angola y el funcionamiento de la planta en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa del Grupo Senor solo firmó una cartade intencion de venta de 18 cosechadoras Maag Mitos, además de tolvas y plataformas en la República de Angola. La cosechadora modelo, que se presentó recientemente en la Casa Rosada, está marchando rumbo a Angola para participar de la feria internacional que se realizará a mediados de mes. “El gobierno nacional y entrerriano nos apoyan con dádivas y subsidios, lo han hecho como con cientos de empresas, permitiéndonos acceder a créditos blandos que nos permitan crecer y desarrollarnos, y mostrarnos con orgullo en el exterior. Nos interesa producir. Todo lo demás es mentira”, afirmó el empresario. En la misión comercial directivos de Grupo Senor y Grandes Máquinas participaron de presentaciones ante empresarios e inversores de Angola, y de esas rondas de negocios surgió solo la firma de una carta intención con la empresa Lumaka Comercial por la provisión de 18 cosechadoras Maag Mitos, tolvas y plataformas y el desarrollo de servicios de cosecha, en forma conjunta a Grupo Senor, por un total de 30.000 hectáreas. Hemos encontrado un representante local que también que está solicitando que hagamos transferencia de know how para la explotación de 30.000 hectáreas que nosotros utilizaríamos nuestro equipamiento y trataremos de trabajar el conocimiento de lo que es el sistema de siembra directa”, explicó el empresario. Por lo tanto, Lumaka aportará la inversión necesaria y las tierras a explotar, y Grupo Senor aportará el equipamiento desarrollado por Grandes Máquinas y sus conocimientos especializados, experiencia y know how en lo referente a la explotación agropecuaria. “Esto es real. Lo demás forma parte de una campaña de desprestigio que les hará perder cada vez mayor credibilidad a las medios de comunicación que se hayan eco de ellas. Nosotros por nuestra parte, vamos a seguir trabajando con el compromiso que nos caracteriza”, finalizó Senor.

sábado, 7 de enero de 2012

Subió el Subte... ahora sube el Colectivo y el Tren ¿?


Bueno no es novedad que CLARÍN miente... en la tapa además de difundir una mentira, protegen a Macri: ante tan anti-popular medida como la de subir el subte, desvían la atención, metiendo miedo, hacia otras subas fantasiosas por parte del Gobierno Nacional, como si todos aumentaran indiscriminada y necesariamente... Horas después la voz del Gobierno Nacional y Popular... POLIKARPO

Gobierno negó que se evalúe aumentar tarifas en trenes y colectivos

El Gobierno nacional negó que evalúe subir las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al sostener que "no es urgente ni necesario" hacerlo, aunque ratificó sus planes de reasignar subsidios al transporte urbano de pasajeros.

"La Secretaría de Transporte no trabaja en esquemas de readecuación tarifaria y mucho menos se están estudiando aumentos masivos en el transporte público", sostuvo el secretario del área, Juan Pablo Schiavi.

En un comunicado, el funcionario aseguró que "no es ni urgente ni necesario adecuar las tarifas de trenes y colectivos a las del subterráneo", en referencia al aumento de los boletos de Subte, que pasaron de 1,10 pesos a $ 2,50 después de que la Nación le transfiriera ese servicio a la Ciudad.

Al respecto, Schiavi confirmó que el Gobierno planea revisar el esquema de subsidios que reciben las empresas de transporte, y planteó diferencias con la postura que adoptó la administración porteña, liderada por Mauricio Macri.

"Trabajamos para la reasignación de los subsidios a partir de políticas tarifarias que son muy diferentes a las de la Ciudad. Queremos dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda. Queremos dejar de subsidiar empresas para subsidiar personas", destacó el funcionario.

El incremento en el subte, del 127%, comenzó a regir este viernes en la Capital, tras una decisión del Poder Ejecutivo comunal que generó airadas críticas de parte de gremios y dirigentes de la oposición.

Sindicalistas calificaron de "tarifazo" a la medida que dispuso el gobierno de Mauricio Macri y liberaron este viernes los molinetes, como forma de protesta. En el mismo comunicado, Schiavi apuntó contra el diario Clarín, que en su edición de este viernes publicó que la Casa Rosada evaluaba llevar el boleto mínimo de colectivos a 2 pesos (de $ 1,10 actual) en el AMBA y a $ 1,40 el viaje mínimo en tren.

"El diario pretende equiparar dos políticas tarifarias diametralmente opuestas, las de la Nación y la de la Ciudad (de Buenos Aires), con el fin de justificar a aquellos a quienes apoya en forma ostentosa", señaló.

Y añadió: "Nuevamente Clarín miente haciendo futurología sin ninguna fuente confiable, ya que no hay ningún técnico trabajando en el esquema que plantea" ese matutino.

Hacia fines del año pasado, el propio Schiavi había anunciado que el Gobierno aplicará al transporte público una quita de subsidios "similar" a la que dispuso para los servicios de agua, gas y energía eléctrica en las zonas más caras de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

La medida, que busca achicar aún más el gasto público, podría desencadenar una suba considerable del precio de los boletos de colectivos y trenes en el AMBA, aunque el Estado continuaría subsidiando a aquellos pasajeros que demuestren que no pueden hacer frente al aumento.

Schiavi señaló además que se impondrá un sistema de boletos combinados, para que los trabajadores puedan tomar uno, dos o tres líneas de transportes urbanos abonando un solo pasaje para terminar un recorrido.

El funcionario reconoció que dos tercios del precio del boleto mínimo de colectivos es subsidiado en el AMBA, por lo que el usuario paga $ 1,10 y el Estado aporta $ 2,44, es decir, cada empresa percibe $ 3,54, según precisaron voceros del sector.

La idea del Gobierno es implementar un sistema que permita, mediante la tarjeta SUBE, "personalizar" los subsidios que el Estado destina al transporte urbano de pasajeros, que en el AMBA moviliza a unos ocho millones de usuarios por día.

www.ambito.com

jueves, 5 de enero de 2012

LEY ANTI-TERRORISTA



"Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional." (LEY 26-734)

Sin duda una de las más polémicas leyes aprobadas por el Congreso. A continuación algunas expresiones que me parecieron importantes rescatar por un lado aquellos que están en contra, asemejándola a lo peor de nuestra historia, por otro lado algunas salvedades que no son un detalle menor a la hora de leer la ley, a saber: la exclusión de la protesta social y la reivindicación de derechos. POLIKARPO


Otra vez una ley antiterrorista

Lo que se creía que no volvería a pasar, ocurrió. Sabemos que la pulsión de todo poder punitivo es llevarse siempre algo a la boca. Confiamos equivocadamente que los juicios por crímenes de masa cometidos por la última dictadura contra una parte de la población definida como enemiga terrorista era suficiente para no repetir el error de inventar amenazas absolutas. Por eso cuando se trata de violencia que habilita una ley el principio que ha de seguirse es la cautela. Pero los diputados del pueblo han servido un banquete para satisfacción de la ilusión punitiva.

Leemos el lenguaje de castigo del nuevo art. 41 que se quiere en el Código Penal: finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. La pena máxima se aumenta el doble si con el peligrosómetro normativo el juez detecta en cualquier delito una disposición subjetiva como la que la ley describe.

La ley no aumenta las penas únicamente cuando la población se aterroriza o a una autoridad se le impide hacer o no hacer algo. Lo que produce escalofrío es el mayor castigo por meras disposiciones internas que el juez observa como síntomas de un potencial enemigo. Puro derecho penal de ánimo y de peligro. Una variante normativa del viejo peligrosismo racista. Sólo una minoría de fundamentalistas del castigo tiene a esta doctrina por verdadera.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos.

Ningún organismo internacional ha podido definir conceptualmente al terrorismo. Tampoco los sociólogos y criminólogos pueden. Los juristas menos. La voracidad punitiva no lo logró con el delincuente subversivo, el demonio o las brujas. Quizá podríamos ofrecerle algo para que se lleve a la boca, lo que la mayoría reconoce como terrorismo: los delitos de lesa humanidad y genocidio.

* Profesor titular de Derecho Penal, UBA.

En defensa de la ley

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, resaltó los proyectos de ley que el oficialismo consiguió sacar en las últimas sesiones de 2011 incluyendo la ley antiterrorista, cuestionada por la oposición y organismos de derechos humanos. En la ley, explicó Rossi, “claramente quedan absolutamente afuera de cualquier tipo de calificación” vinculada con el terrorismo “la protesta social o la libertad de expresión o de prensa”. En cambio, subrayó, “no queda afuera algún tipo de delito económico”. “Lo que hemos hecho es tomar un camino procesal al definir el delito de terrorismo. No hemos querido hacer una definición cerrada de terrorismo, para crear un nuevo delito, sino que nos hemos basado en el siguiente criterio: sobre los delitos existentes, que están en la parte general del Código, aquellos delitos que cometen y que generan algún tipo de desestabilización en el funcionamiento de las instituciones en Argentina, pueden ser incluidos dentro de la categoría de terrorismo”, indicó.
El senador oficialista Aníbal Fernández definió como “un disparate” la opinión del titular de la UIF, José Sbatella, que había sugerido la semana pasada que la nueva legislación antiterrorista podría alcanzar en ciertos casos a los medios de comunicación, y advirtió: “Terrorismo es otra cosa, hay que ser un poquito más criterioso”. Tal como ya había hecho el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex jefe de Gabinete desacreditó esa postura sosteniendo que “lo que se aprobó habla de las duras realidades de lo que sucede cuando actúa el terrorismo y con el terrorismo no se negocia”. Desde la oposición, en tanto, otras voces siguieron cuestionando las declaraciones de Sbatella. En este caso, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) tomó la posta. “Va a haber un funcionario del Poder Ejecutivo que va a decir: ‘Esta nota me parece que ayuda a una acción terrorista’ o ‘haber publicado tal índice implica una acción que puede aterrorizar a la gente y que esa es la razón por la cual la gente salió a comprar dólares’ o tal o cual cosa”, aseguró Bullrich.

FUENTE: www.pagina12.com.ar

domingo, 25 de diciembre de 2011

Embestida K contra la Libertad de Prensa




Así des-informan los dos medios más importantes del país: Clarín y La Nación. La operación es simple y repetida: dos multimedios, muy poderosos, se presentan como depositarios de la “libertad de prensa”, y plantean que cualquier medida que regule su ventajosa situación monopólica, en este caso en el mercado de la fabricación de papel para diario, es un ataque a esa “libertad”.
A continuación presentaremos las claves de la nueva ley, y luego también mostraremos la reacción que esto generó en los medios independientes, más pequeños, regionales, de nicho, etc.
En la Argentina se avanzó por la senda de la Democracia, ya que esta ley protege la libertad de prensa, al garantizar el acceso de todas las empresas al insumo básico: papel.

POLIKARPO


Las claves de la ley:

Un informe distribuido por la Sindicatura General de la Nación detalla que el consumo anual nacional de pasta de papel es de 250.000 toneladas y el 58 por ciento es cubierto por la producción de Papel Prensa, que llega a 145.000 toneladas anuales. Del total producido, los diarios Clarín y La Nación utilizan el 71 por ciento para cubrir sus necesidades. El 29 por ciento restante se distribuye entre 168 medios que deben pagar un precio un 15 por ciento mayor y recurrir a la importación para abastecerse. El informe oficial destaca que eso podría remediarse, entre otras medidas, con mayor producción porque la empresa trabaja al 60 por ciento de su capacidad instalada. “La concentración de Clarín y La Nación del mercado de papel castiga al consumidor final, disminuye la competencia, aumenta los precios y hace abuso de la posición dominante”, remarca el informe elaborado por el síndico Daniel Reposo, quien a su vez es síndico titular por el Estado nacional en Papel Prensa. Por ese motivo es que se decidió avanzar con la sanción de la ley que incentiva la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos:
- Precio único. El precio de venta del papel se definirá teniendo en cuenta los costos de la materia prima, los costos de operación de los procesos industriales, los gastos en desarrollo y el costo de oportunidad del capital invertido. “En ningún caso se efectuarán contrataciones que involucren un precio inferior al precio único pagado al contado.” Sí habrá algunas adecuaciones en función de los posibles plazos de pago. Para obtener la información fehaciente del precio único e igualitario, la Comisión Bicameral que crea la ley, integrada por 8 senadores y 8 diputados, deberá recibir de parte de Papel Prensa la información sobre su stock total y disponible en forma diaria. También deberá informarse y publicarse la capacidad de producción máxima y la producción estimada de manera trimestral.
- Comisión Federal Asesora. Estará integrada por un representante de los diarios de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos representantes durarán en sus cargos cuatro años, serán elegidos por los propios compradores de papel y no podrán integrarlo aquellos diarios que participen de forma directa o indirecta en la producción de papel. También habrá representantes de las asociaciones de consumidores. Todos los representantes tendrán la misma voz y voto. Dentro de sus funciones, el Consejo podrá proponer medidas para democratizar la prensa escrita y colaborar con el Estado en relación con su actuación dentro de Papel Prensa. Y en caso de que el Estado aumente su capital dentro de la compañía, el Consejo ocupará un lugar en el directorio.
- Fondo Fiduciario. El fondo buscará fomentar las inversiones en bienes de capital para las pymes que desarrollen actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. Estará financiado por recursos del Presupuesto y aportes de la autoridad de aplicación, entre otros ingresos.
- Autoridad de aplicación. El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación. Entre sus funciones deberá garantizar la producción nacional en todas las etapas de la actividad, dictar normas complementarias, promover en los tribunales las acciones que tiendan a asegurar el cumplimiento del marco regulatorio, y establecer normas de calidad

Reacción ante la Ley:

La medida que se tomó por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional busca establecer un mercado periodístico donde la competencia se dé en condiciones de mayor igualdad. Según los argumentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, esta será la base para el fortalecimiento del derecho a la comunicación y una garantía en la circulación de ideas.
La concreción de este paso fundamental, que Tiempo Argentino consideró histórico y que sintetizó en su portada de ayer con la palabra “Igualdad”, para el diario de Magnetto y de Ernestina Herrera de Noble, en cambio, significó otro episodio de “la embestida del gobierno contra la prensa”, con el fin de “poner a la empresa Papel Prensa bajo la supervisión política” de la presidenta Cristina Fernández. La Nación, en sintonía fina con su socio en la pastera, aseguró en su tapa que el kirchnerismo “tendrá el control total del mercado de papel para diarios”, que el resultado de la votación de diputados y senadores integra “la ofensiva contra los medios independientes” y que el país se dirige “hacia un poder hegemónico”.
Muy por el contrario, para los más de 80 medios que conforman Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina (Dypra), cuyos dueños y trabajadores experimentaron en primera persona lo que fue para la industria gráfica el control monopólico sobre Papel Prensa, la nueva ley “viene a poner equidad y justicia luego de más de 35 años de manejo discrecional en la provisión de este insumo”, además de abrir la participación del sector en la Comisión Federal Asesora, que asistirá y acercará propuestas a la autoridad de aplicación.
En su comunicado, Dypra también relató que “por años los editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos, habían peticionado incansablemente a diferentes gobiernos y a la propia fábrica de papel para que esta les provea este vital insumo”. La respuesta, recordó la entidad, había sido “siempre la misma y perversa: ‘Papel Prensa no puede producir más.’”
Para el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, lo aprobado por la Cámara Alta fija reglas de juego que permitan “garantizar que a todos los diarios del país le llegue por igual algo que hasta ahora era un monopolio”. En declaraciones radiales, Filmus –que vivió en carne propia el silencio de la prensa hegemónica cuando fue víctima de una campaña de desprestigio– explicó que “la lectura de la ley no deja lugar a dudas que no se trata de un intento de condicionar a los medios, sino de un intento, como lo fue en su momento la Ley de Medios, de distribuir democráticamente las voces”.
A lo largo y ancho del país, empresas periodísticas de distinta envergadura se mostraron a favor de lo dispuesto en el Congreso. Los que siguen son sólo algunos ejemplos: “Papel de diario: se aprobó el proyecto para su democratización”, destacó en su portada de ayer La Arena, de La Pampa. Desde Córdoba, Comercio y Justicia planteó que “El Estado garantizará el suministro de papel para diarios”, El Diario hizo tapa informando que “El Estado recuperó la producción de papel para diarios” y La Mañana publicó que “Es ley el proyecto que democratiza el papel de diario”. El Mensajero de la Costa anunció que “Los diarios locales celebramos la sanción de la Ley que regula la producción de papel”, y llevó a su contratapa el documento emitido por Dypra. En la provincia de Buenos Aires, el periódico cooperativo La Posta del Noroeste tituló que “El Senado aprobó el papel igualitario”.
Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver y una de las personas que sufrió el despojo de Papel Prensa durante la dictadura, sostuvo que se dio “un paso más hacia la democratización del país”. Para Papaleo, “ellos –por Clarín y La Nación– no esperaban esa sanción”. Y con respecto a quienes salieron a rechazar con fuerza la medida, les respondió que “lo irregular es lo que ocurrió hasta hoy”.
Entre las manos que se levantaron en contra del proyecto impulsado por el kirchnerismo estuvieron los cuatro senadores del Frente Amplio Progresista (FAP). Para explicar esta oposición que los llevó a votar junto al radicalismo, la Coalición Cívica y el PJ disidente, el líder del FAP, Hermes Binner, argumentó que la ley significa “una presencia del Estado que no es necesaria”. Esto a pesar de que el ex gobernador santafesino sí consideró que “el gobierno tiene que asegurar que haya papel. De producción nacional o de importación con arancel cero. Es un insumo vital para la libertad de prensa”. Para resolver la disyuntiva, Binner vaticinó que con el nuevo marco regulatorio esto no va a pasar “en absoluto”.
En el mismo sentido se habían expresado las dos organizaciones que abroquelan a los medios escritos más poderosos a nivel regional y local, respectivamente: la influyente Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA). Como en otras oportunidades donde Magnetto y los Mitre vieron amenazado el statu quo que blinda sus intereses, estos dos sellos institucionales salieron al cruce. ADEPA –entidad controlada por Clarín y La Nación y sus firmas subsidiarias–, sentenció que “la ley de papel para diarios es inconstitucional”, además de que “abre incertidumbre real sobre la libertad de expresión”. A esta prédica se sumó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que demonizó a la norma definiéndola como “el último capítulo de lo que parece ser una campaña permanente de la presidenta Cristina Kirchner contra la prensa independiente en el país”. Para esta organización, “la medida, que impone el control gubernamental sobre la empresa privada, es un paso atrás para la Argentina y hará daño a la reputación internacional del país”. WAN-IFRA, que dice reunir a 18 mil periódicos, 15 mil páginas web y 3000 compañías en más de 120 países, tiene como miembro de su consejo de administración a Jorge Carlos Rendo, director de relaciones exteriores de Clarín y uno de los principales operadores del grupo, quien en los últimos días mantuvo reuniones con legisladores de la oposición.
Por fuera de estas advertencias en clave apocalíptica de ADEPA, la SIP y sus entidades afines, Dypra remarcó que el papel, eso que hasta ahora siempre escaseó para muchos diarios y sobró para muy pocos –dos, más precisamente–, constituye “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”.

FUENTE: http://tiempo.infonews.com/ - www.pagina12.com.ar

lunes, 5 de diciembre de 2011

MACRI 2015


Mauri el hombre que sin dotes de oratoria ni capacidades como estadista logra enamorar algunos sectores de la sociedad porteña. Aspira a dirigir el País, si Duran Barba acepta otro contrato interesante pagado por la ciudanía porteña. La batalla más dura si ocupara el máximo cargo de servicio público al que un ciudadano libre puede aspirar en este suelo: ¿Cómo hablar más de 10 minutos en la ONU sin ponerse colorado? o tal vez, y siguiendo su filosofia respecto el "embole" que es la política, ¿cómo aguantar dos reuniones con tu gabinete si dormirte?... Tal vez sea fácil para un hombre acostumbrado a burlar al fisco sin ningún reparo...
Pero vayamos a lo más lindo de su política de renovación: su proyecto político gira en torno a dos ejes retornar a la Argentina de la gloria de los 90´, de $1 a u$s cuando "todos" viajaban a Miami, mientras un país se fundía, el desempleo llegaba a records nunca vistos en 200 años de historia, el aparato productivo era arrasado, y miles de compatriotas condenados a la miseria y exclusión absoluta. Y es que Mauri, tiene una convicción muy profunda, y este es el otro pilar: poner a la Argentina a la altura de Europa o USA (si la Europa y USA de hoy!! la que se arrodilla ante la timba financiera y se hunde en la pobreza y el desempleo). Mauri la versión de Berlusconi a lo "family guy", o mejor aún, el Sr. Burns sin planta nuclear, pero con mucha más plata y un partido de publicistas detrás... No hablo solo de la obra de un genio en marketing como Duran Barba, hablo acá de la protección que Clarín y La Nación brindan al candidato de la derecha argetnina, a "diario".
Pero acá tenemos fe! me juego que el Pueblo Argentino, que es de Eva y Perón, que es hijo y nieto de Abuelas y Madres, que ama la cultura y el trabajo, no se dejarán llevar por un discurso trillado y repetitivo, que huele a lo peor de nuestra historia... No habrá Globos de Colores en Plaza de Mayo!

POLIKARPO



Así funcionó el “blindaje mediático” a Macri en los diarios hegemónicos


Los casos testigo de la “campaña sucia”, la muerte de dos niños en la emergencia habitacional, la publicidad engañosa, la clausura del Club 17 de Agosto, la crisis en el Borda, la indagatoria por la UCEP y el manejo de la pauta oficial, entre otros. 
Desde que asumió la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri contó con una cobertura estratégica por parte de los principales diarios del país: Clarín y La Nación. Se trata de ese “blindaje mediático” que con tanta claridad se pudo ver en los meses previos a los comicios porteños, y que aún hoy goza de buena salud.
Más allá de la difusión generosa y positiva de los actos de gobierno del PRO, este blindaje remite a la forma en que ambos medios “cubren”, en tanto que tapan o disimulan, los puntos críticos de la gestión macrista. Polémicas que muchas veces derivaron en escándalos o expedientes judiciales, y sin embargo recibieron un tratamiento lateral o incluso fueron omitidas por los diarios de Héctor Magnetto y los Saguier. Aquí el detalle de las noticias perjudiciales para Macri, que Clarín y La Nación ocultaron, minimizaron o tergiversaron.
Este mecanismo se aplicó a la “campaña sucia” contra Daniel Filmus, en las semanas previas al ballottage en la Ciudad. Los dos diarios buscaron evitar que el tema llegara a sus portadas, dieron preeminencia a los argumentos de Macri y, antes de indagar en el perjuicio que los falsos mensajes telefónicos, trajeron a Filmus, presentaron su denuncia como parte de la estrategia electoral del Frente para la Victoria (FPV).
El 6 de julio último, La Nación publicó un artículo titulado “Jugada judicial del kirchnerismo. Filmus denunció una ‘campaña sucia’”. Con el avance de una investigación que hacía foco en el publicista Jaime Durán Barba, el 23 de julio el diario dio amplia difusión al contraataque de Macri: “Son ellos los reyes de la campaña sucia”, mientras en otro artículo –sin mencionar al ingeniero– señaló: “Investigan quién pagó las llamadas contra Filmus.” El 27, La Nación destacó: “‘Que Filmus muestre sus propuestas’, desafió Macri.” Ese día, el candidato del FPV había visitado el Senado para dar precisiones sobre las calumnias en su contra. El 28, el diario dijo que “Filmus llevó su pelea porteña al Senado”, y en su sitio web presentó un artículo titulado “Durán Barba cuenta cómo ganar las elecciones”, donde mencionó que para el asesor “es una tontería hacer campañas sucias”. El 1 de agosto, tras la victoria del PRO, La Nación abandonó el tema.
Similar recorrido tuvo el affaire en Clarín. El 6 de julio, adelantó que Filmus “recalentará las cosas cuando denuncie una ‘campaña sucia’”, y tres días después, en una breve, informó que “Investigan una denuncia K”. En general, redujo la cuestión a un “cruce” pre electoral, dejando en segundo plano el hecho en sí: la propagación de miles de llamados injuriantes. El 26 de julio, con el PRO al tope de las encuestas, Clarín presentó a un Filmus caprichoso, que “insiste con la ‘campaña sucia’” y a un Macri que “le pide reflexionar”, aclarando: “El candidato K, que busca un golpe de efecto para el balotaje, fue a la Justicia para que lo tomen como querellante por los supuestos ataques macristas.” Los hechos, ausentes.
Otro tanto sucedió con la clausura del Club 17 de Agosto, donde Macri y María Eugenia Vidal habían lanzado su candidatura. La medida la dispuso el juez Andrés Gallardo, luego de que el lugar fuera usado como parador nocturno a pesar de carecer de habilitación para ese fin, además de detectarse irregularidades en el pago hecho por la Ciudad. La decisión, conocida el 4 de julio, no fue recogida por las ediciones impresas de Clarín y La Nación, que sin embargo, más tarde, sí se harían eco de las réplicas del Ejecutivo porteño.
Dos días antes, el juez había allanado el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Vidal, para buscar pruebas sobre la anomalía en el contrato con el club. El 2 de julio Clarín publicó: “Allanan oficinas de la candidata a vice de Macri, a 9 días de las elecciones.” En la bajada de la nota se leía: “En el PRO le ven motivos políticos.” También había un recuadro titulado “Gallardo, un juez polémico”. En cuanto a La Nación, informó que “La Justicia allanó oficinas de la candidata Vidal”, y agregó que “Macri denuncia una operación.” El 7 de julio, el periodista Adrián Ventura se refirió al hecho en su columna “La campaña sucia llega a la Justicia”, donde se preguntó: “¿Es Gallardo realmente libre?” Esta situación había decantado luego del violento desalojo en el asentamiento La Veredita. Más tarde, cuando una investigación de Tiempo Argentino reveló la muerte de un bebé de tres meses el 17 de julio, en medio de las pésimas condiciones que persistían en La Veredita, ambos medios hicieron silencio. La misma omisión había ocurrido el 13 de julio, con la muerte de un niño de un año y medio al incendiarse un hogar de tránsito que el gobierno porteño administraba en La Boca.
La política educativa fue otro de los ejes donde operó el blindaje (y opera actualmente como por ejemplo ignorando las patotas PRO que atacaron a maestros hace unos días). A finales de mayo pasado, los diarios no reflejaron la denuncia hecha por la Unión de Trabajadores de la Educación a raíz de una publicidad errónea sobre los colegios construidos en la Ciudad. El Ministerio de Educación se atribuyó 13 escuelas, cuando fueron dos. La justicia dio la razón a los maestros y obligó al macrismo a rectificarse. Clarín y La Nación no trataron el episodio.
Tampoco hubo espacio en estos diarios para el caso de Salvador, un nene de cinco años que sufrió una  fractura de cráneo al caerle encima una reja del Parque Chacabuco, el 8 de julio. El hecho sucedió en un sector de obras que habían sido recientemente inauguradas.
La protección mediática también sirvió para amortiguar el escándalo de la pauta oficial en la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de un hombre de máxima confianza de Macri: Gregorio Centurión, que acabaría por suicidarse en medio de una causa judicial. Clarín había publicado dos notas: el 1 y el 12 de diciembre de 2010, titulando que “La Justicia investiga la distribución de pauta oficial” y que una “ex asesora de Macri” estaba “en la mira”. Pero el suicidio de Centurión, el 20 diciembre, clausuró el tema para este diario, a pesar de la continuidad del expediente y de los datos que aportó una investigación de este diario. En cuanto a La Nación, sólo dio tratamiento el episodio con el deceso de Centurión: “Se suicidó un funcionario de Macri que estaba investigado”, tituló. Y eso fue todo.
Hubo otro hecho ligado a la publicidad, en este caso de la propia gestión PRO, donde Macri contó con blindaje. A principios de junio pasado, el legislador Eduardo Epszteyn cuestionó un spot que presentaba la historia de un hombre mayor internado en el Hogar San Martín, con el que Macri en persona quiso destacar las bondades del sistema de salud porteño. Epszteyn sostuvo que la voz en off del aviso no era la del anciano, que su historia había sido alterada con fines propagandísticos y que el hombre intentó quitarse la vida cuando supo que había sido usado para un spot. El 4 de junio, el Tribunal Superior de Justicia ordenó retirar ese aviso y toda la serie “Historias para creer”, por hacer campaña con publicidad institucional. Nada de esto figuró en los dos diarios en cuestión.
En cuanto a la falta de gas y el colapso del hospital siquiátrico Borda, Clarín encapsuló el tema en un reclamo de empleados, al que amortiguó con las desmentidas y promesas del Ejecutivo local. El 23 de abril, tras un corte de calles, publicó un pequeño artículo: “Protesta de trabajadores del Borda por falta de gas”. Un día después, volvió a cubrir el hecho, también en pocas líneas. El 26, en una breve, el diario sostuvo: “Volvería hoy el gas al Borda”. Eso no pasó, la falta del servicio duró tres meses y el diario no volvió a imprimir nada al respecto, salvo una carta de lectores. En el caso de La Nación, el 14 de julio su sitio web presentó un extenso informe, “Hospital Borda: cómo vivir sin gas durante tres meses”, con una edición que compensaba la descripción del abandono con las justificaciones del área de Salud porteña. Ese despliegue nunca llegó a la versión papel, donde el tema sólo apareció en declaraciones de campaña de los candidatos opositores al PRO. Hay que retroceder al 23 de abril, con el mencionado corte de calles frente al hospital, para ver una nota sobre la crisis del Borda en La Nación.
Otro escándalo blindado fue  la causa por la extinta patota de la UCEP. Macri –que acabaría obteniendo la falta de mérito– había sido citado a indagatoria en noviembre de 2010. Ambos diarios mencionaron la novedad en su edición digital, pero le dieron casi nula difusión en papel. El 27 de ese mes, Clarín llevó el tema en un recuadrito titulado “Contra Macri”, mientras que La Nación lo consignó en una breve. El 15 de junio de 2011, el ingeniero concurrió a los tribunales. Era plena campaña electoral y podía quedar procesado. Al día siguiente, La Nación le dedicó menos de 3000 caracteres al tema y no lo llevó a tapa. Clarín, directamente no lo mencionó en su edición de papel. Sólo lo hizo en su sitio web, el mismo día de la indagatoria.
Parafraseando al propio Clarín, “la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa”.

Los diez derechos humanos que el macrismo violó durante cuatro años

Un informe del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Capital Federal relevó los incumplimientos de la gestión del PRO. Espacio público, vivienda, salud y educación son las áreas más desatendidas y vulneradas. 
Cuando asuma su segundo mandato, el próximo 9 de diciembre, el jefe de gobierno porteño,Mauricio Macri, volverá a mencionar su apego a la legalidad y las instituciones. Lo hará cuando suba al estrado central de la Legislatura junto la vicejefa electa María Eugenia Vidal. Allí, rodeado de aplausos, jurará “en nombre de Dios y los Santos Evangelios, ejercer el cargo con honestidad y respetar y hacer cumplir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, posiblemente se olvide del desencuentro íntimo que mantiene desde hace cuatro años con las obligaciones que establece la Carta Magna que proclamó la autonomía porteña en 1996 y que le otorga rango constitucional a una serie de derechos sociales, que siempre terminan en los Tribunales de la Ciudad y ponen en serios aprietos al macrismo y a sus políticas públicas.
Ese conflicto permanente del PRO fue relevado por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad y confirma que la gestión macrista viola, al menos, una decena de derechos consagrados por la Constitución y varias leyes porteñas. Según el último informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Ciudad, al que tuvo acceso Tiempo Argentino y que será presentado mañana, los mayores conflictos durante 2011 del macrismo con la ley se libraron en espacio público, vivienda, seguridad, salud, accesibilidad, educación, políticas de la memoria y educación sexual. Respecto a la doctrina macrista del “espacio público innegociable”, el estudio advierte que los proyectos de ley que presentó el gobierno PRO para castigar a trapitos y cuidacoches volvieron a instaurar el viejo sistema de los edictos policiales. “No apuntan a proteger los bienes ni la vida de los porteños, sino que “pretenden eliminar del paisaje urbano las molestias para los vecinos”. La iniciativa, que aún no prosperó en la Legislatura, es un callejón sin salida, parecido al funcionamiento de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), el organismo porteño creado por Macri, que se dedicó hasta el año pasado a “identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar” a personas en situación de calle. El ODH presentó hace dos años las filmaciones de varios desalojos forzosos de personas sin techo, pero la justicia no resolvió el procesamiento de 29 funcionarios implicados, entre ellos Matías Lanusse, ex director de la UCEP, que asumirá el cargo de representante comunal por Recoleta, a pesar de las impugnaciones presentadas en su contra.
El derecho a la vivienda, protegido por el artículo 31, es otra zona de combate que sigue empeorando, cuando falta menos de una semana para conmemorar el primer año de la toma del Parque Indoamericano. “La crisis habitacional ya no es solamente el déficit de viviendas, sino también la falta de controles sobre los precios de alquileres, la segregación de los pobladores menos favorecidos, el propiciamiento de un boom inmobiliario descontrolado, el procesamiento de los líderes sociales de los barrios linderos al Indoamericano y la negación de la existencia de un barrio histórico como Rodrigo Bueno, en Costanera Sur”, sostiene el informe.
Para la Constitución, la seguridad es “un deber propio e irrenunciable del Estado”, sin embargo, este año la Policía Metropolitana sumó cuatro casos de gatillo fácil. En el caso de la Salud Pública, la Carta Magna establece en su artículo 17 que “la Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión”, pero en los últimos cuatro años, esa manda constitucional ha sido virtualmente ignorada, y para el año que viene, el escenario podría ser peor. “Si bien hay un aumento para 2012, la comuna planea llevarlo a cabo con menos personal, una falencia notoria en las áreas más afectadas por la crisis sanitaria: Salud Mental, Enfermería, Pediatría, Neonatología y Anestesiología”. En el artículo 18, el estado porteño está obligado a evitar que las respuestas sanitarias incrementen las desigualdades entre norte y sur, pero la tasa de mortalidad infantil demuestra un índice del 12 por mil en el sur, y del 2,3 en el norte, con cifras que no tienen datos consolidados, es decir, que podrían ser fácilmente manipuladas. En el área de la Salud Mental, el ODH advierte que la comuna “ha utilizado el castigo” para disciplinar a cinco directores de hospitales psiquiátricos por denunciar “la precarización y el desmantelamiento del sector”.
El acceso a la educación esta garantizado en el artículo 23, pero sólo en 2010 el 52% del Presupuesto “no se utilizó para los fines previstos”, y ante la falta de becas, la Ciudad optó por duplicar los subsidios para colegios privados, una imposición de la Iglesia Católica. El lobby de Dios también tocó las puertas del artículo 24, el texto que creó “programas de educación sexual”, que este año se quedaron sin partidas de financiamiento, mientras que el programa “Sexualidad, Género y Derechos” redujo los talleres en un 80%, y sólo se dictan en 12 de los 1000 colegios porteños. 

FUENTE: http://tiempo.infonews.com/

sábado, 24 de septiembre de 2011

Ni 347 tapas pudieron con la Presdienta!


Por primera vez en la historia, la oposición del gran diario argentino, que publicó el 78% de sus títulos negativos y sólo el 7,1% positivos, no se vio reflejada en la mayoría del electorado que en las PASO eligió a Cristina Fernández con el 50,21% de los votos. Opinan Osvaldo Bayer, Ricardo Forster, Florencia Saintout, Gabriel Mariotto, Sergio Caletti, Víctor Ego Ducrot, Edgardo Mocca, Analía Elíades, Ernesto Espeche, Graciana Peñafort y Alejandro Kaufman.

Hasta hace poco tiempo, los dueños del Grupo Clarín se ufanaban ante funcionarios públicos y extranjeros, empresarios y dirigentes de la Argentina y de otros países del mundo de su capacidad de daño sobre los gobiernos democráticos. El poder del discurso único, repetido de manera dogmática por los más de 200 medios de comunicación que integran el multimedios y la capacidad de marcar agenda se resumía en una frase: “nadie resiste tres tapas de Clarín en contra”. Esta especie de ley consuetudinaria fue indiscutida durante las seis décadas en las que el principal grupo mediático del país pudo dictar los temas de conversación de la mayoría de los argentinos, por lo que se arrogó interpretar y ser el “sentido común” de las clases medias. Sólo algunos políticos se habían atrevido a ponerle palabras a ese poder, como Raúl Alfonsín cuando dijo “les pido que lean el Clarín que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino”. Otro radical como César Jaroslavsky que resumió “hay que cuidarse de ese diario, ataca como partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”. O Luis D’Elía: “Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina.”
A tres años de la bisagra social y cultural que significó la puja por la llamada 125, ya nada es como entonces. Por primera vez en la historia democrática argentina, un presidente es elegido en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con más del 50% de los sufragios (casi 10 millones y medio de votos), a pesar de la oposición del grupo que no se resumió en tres tapas, sino en 347, los últimos 15 meses.
Para probarlo, el equipo de investigación de Tiempo Argentino relevó las tapas del matutino de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, entre el 26 de mayo de 2010 y el 16 de agosto de 2011, y realizó un análisis de contenido, determinando el enfoque de las noticias en tres categorías: positivo, negativo o neutro, definiendo como positivo aquellas cuyo enfoque fue presentado como de impacto beneficioso, como negativo exactamente su opuesto, y como neutro aquello que no puede encuadrarse ni en uno ni en otro, ya que fue presentado con “asepsia informativa” en su consecuencia inmediata o mediata, por ejemplo la muerte de María Elena Walsh.
De 445 tapas, el 78% –es decir 347– lleva como título principal noticias con enfoque negativo. Y sólo el 7,1% –es decir 32– se refiere a noticias con enfoque positivo. El resto, 14,8%, fueron las llamadas noticias “neutras”. Esta tendencia a la elección de acontecimientos negativos y su posterior valoración en el mismo sentido responde a una clara intención editorial de mostrar un clima de convulsión social, incertidumbre económica y autoritarismo político endilgado al gobierno nacional, de acuerdo con el relevamiento realizado.
Para una mejor comprensión visual, esta nota se ilustra con todas las tapas, con las noticias negativas pintadas de rojo, las positivas de verde y las neutras de amarillo. Además, a partir de un análisis pormenorizado de los 347 titulares negativos, se los dividió en cinco categorías:
1) Institucional: 30,8% (137 títulos de tapa). Involucran decisiones que hayan tomado los poderes del Estado y/o diversos organismos públicos (vinculadas con el Indec, Libertad de Expresión, causa “Noble-Herrera”, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).
2) Económico: 16,6% (74 títulos de tapa). Relacionados tanto con la microeconomía (inflación, escasez de nafta o de billetes) como con la macroeconomía (deuda externa, desocupación, presupuesto).
3) Corrupción: 12,8% (56 títulos de tapa). Causas judiciales o mediáticas que involucran directa o indirectamente a funcionarios del gobierno nacional, organismos del Estado o asociaciones de Derechos Humanos (Shocklender, INADI, Jaime, Capaccioli, WikiLeaks).
4) Caos: 9,9% (43 títulos de tapa). Hechos tratados con un clima de agitación social (tomas del Indoamericano o de predios en Jujuy, Comunidad qom, piquetes).
5) Inseguridad: 8,10% (37 títulos de tapa). Hechos delictivos orientados a denotar desprotección ciudadana, presentados sin contexto, sin estadísticas ni relevamientos.
La categoría “Institucional-Corrupción” ocupa más del 43% de las tapas; el tema económico el 16,6%, de los cuales la inflación es la palabra más mencionada en 26 ocasiones; y todo lo que incluya la palabra “caos”, el 9,9%. La temática “Inseguridad”, que a simple vista queda relegada con un 8,10%, amerita un comentario aparte. De las 445 tapas escogidas, se observa que en más de la mitad (238, es decir el 53%) están presentes acontecimientos vinculados con la declamada “inseguridad”, ya sea en títulos principales y secundarios, como también en recuadros. Los titulares en esta categoría van desde secuestros exprés, pasando por tomas de rehenes y salideras, hasta crímenes de la mafia china. Por ejemplo, el viernes 30 de julio de 2010, Clarín llevó como título principal: “Motochorros: balean a una embarazada y hay conmoción”. En la misma línea, el 19 de enero de 2011 puso en tapa: “Otra jornada de violencia y muerte por la inseguridad”. Es importante destacar que esta investigación tiene su antecedente en el trabajo “Mapa de la manipulación”, publicado en la cuenta de Twitter del diseñador gráfico @juanpeon1 y reproducido por este diario, en el que se tomó como período de análisis las tapas del diario Clarín desde el 25 de mayo de 2003 (asunción de Néstor Kirchner) hasta el 25 de mayo de 2010. El principal objetivo de su autor fue demostrar cómo Clarín modificó su posición respecto del gobierno después del conflicto con el campo. Ese estudio concluyó que “a partir de mediados de 2007 y sobre todo a partir de marzo de 2008 todo se vuelve negativo, aproximadamente, 85% negativo y sólo 15% positivo”.
Ahora, Tiempo completó el análisis poniendo la lupa sobre las 445 tapas posteriores, hasta el 16 de agosto de 2011, dos días después del triunfo de Cristina Fernández en las PASO. La fusión de ambos trabajos permite concluir que desde el inicio de la gestión de Cristina Fernández, las tapas negativas de Clarín, en promedio, fueron del 82%.
El caso más claro tal vez sea el tratamiento que dio el diario al debate por la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ocurrido en todo el país. Desde que Cristina Fernández anunció el envío del anteproyecto, Clarín publicó 77 notas, aunque sólo tres de ellas fueron informativas. Allí presentó su posición editorial, pero no lo hizo desde las páginas reservadas a ese fin en su mayoría, ya que 67 de ellas se publicaron en las secciones “El País”, “Medios” y “Sociedad”, aprovechándose, entonces, de un lector más desprevenido, dispuesto sólo a informarse. Antes de que el proyecto de ley se diera a conocer, en Clarín ya era calificado como “irresponsable”, “una amenaza contra los medios y periodistas independientes”, “plagiado”, “oculto”, “la madre de todas las batallas”, “nos pone en la parrilla”, “nos convertiría en algo peor que Venezuela”, “pone la libertad de prensa en riesgo”, “calla las voces críticas”, “una condición de apriete”, “un ariete para apretar periodistas”, “poco serio”, “subjetivo”, y un arma “para amordazar”. La maniobra quedó en evidencia: privilegiar la opinión sesgada por sobre la información.
Finalmente, y luego de la férrea oposición del cártel Clarín-La Nación, la norma se sancionó con amplia mayoría el 9 de octubre de 2009. Ese mismo día, Clarín tituló: “Entre sospechas y denuncias se vota la ley de medios”. En la jornada siguiente, con la ley ya aprobada, tituló: “Kirchner ya tiene la ley de control de medios”.
En este contexto, es interesante recordar que a lo largo de nuestra historia, al menos dos presidentes elegidos por el voto popular, fueron hostigados por la prensa, a tal punto que debieron dejar el poder antes de tiempo y en manos de regímenes militares. El primero fue el de Hipólito Yrigoyen, quien durante su primer gobierno logró resistir la embestida de diferentes periódicos, pero no así en el segundo: el “Peludo” fue derrocado en 1930 por José Félix Uriburu, quien tuvo el incondicional apoyo de Crítica, uno de los matutinos más importantes de la época.
En 1966, otro radical, Arturo Illia, sufrió en carne propia la presión y la burla de la prensa gráfica. El ataque provino principalmente de las revistas Primera Plana y Confirmado, que a través de editorialistas como Mariano Grondona, lo ridiculizaban con el mote de “tortuga” y solicitaban la llegada de los militares al poder. Esto desencadenó la caída del presidente constitucional y el arribo del general Juan Carlos Onganía como presidente de facto.
Casi medio siglo después, el poder de fuego de los medios masivos de comunicación sigue latente. Sin embargo, en las últimas elecciones, la mayoría de la población argentina decidió cambiar el rumbo y darles la espalda, por primera vez, a 347 tapas negativas de Clarín.
 

FUENTE: http://tiempo.elargentino.com/